El juzgado federal de María Eugenia Capuchetti solicitó datos a la empresa dueña del Gulfstream G400 en el que el senador brasileño salió de Puerto Iguazú el 28 de octubre. La investigación busca determinar quién pagó el vuelo y si hubo delito en el paso por Argentina.
El juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti solicitó información a la empresa Baires Fly, propietaria del Gulfstream G400 en el que el senador brasileño Flávio Bolsonaro despegó de Puerto Iguazú la madrugada del 28 de octubre, según confirmaron fuentes del expediente. La causa investiga si el gobierno de Javier Milei facilitó o encubrió la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos, quien tenía los pasaportes cancelados y una prohibición de dejar Brasil dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
Luis Grande, titular de Baires Fly, se negó a dar detalles sobre el pedido judicial: “No te voy a responder nada”. Sin embargo, se refirió al pasajero: “Si me preguntás si me molestó llevar a Bolsonaro, te digo que no, como tampoco a Lula, a Cristina o a quien sea. Yo hago dulce de leche y vendo dulce de leche. Y el que quiera, que me compre”. La empresa sostuvo desde el primer día que es una operadora de vuelos ejecutivos, que cotizó un servicio a pedido de un cliente y que exigió que los pasajeros tuvieran la documentación en regla.
La causa se abrió el 28 de octubre, horas después de que el avión despegara del aeropuerto Cataratas del Iguazú, con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de las áreas de inteligencia, seguridad y diplomacia. Solano los acusó de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos, y apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo. Una segunda presentación, la del diputado Esteban Paulón, contra Milei, el canciller Pablo Quirno y Caputo, había sido sorteada en el juzgado de Sebastián Ramos, pero se acumuló en el de Capuchetti porque la de Solano ingresó primero. En los primeros días, la jueza le pidió al Gobierno que informara si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar al país y ordenó preservar las filmaciones del puente Tancredo Neves, de los puestos de Migraciones y del aeropuerto.
El miércoles, la fiscal Paloma Ochoa, a cargo de la Fiscalía Federal N° 10, firmó el requerimiento para que se investigue si hubo algún delito en el paso de Flávio por la Argentina. Antes había pedido diez medidas preliminares, entre ellas las imágenes de las cámaras, el plan de vuelo, la lista de pasajeros y los datos del personal de Migraciones que intervino. Según una fuente judicial citada por la agencia AFP, el objetivo es establecer si el Gobierno usó recursos públicos para facilitar el vuelo. En Misiones, el fiscal federal Fabián Martínez pidió desestimar la denuncia de la diputada Marcela Pagano porque, según los informes de Migraciones e Interpol, no había restricciones vigentes en la Argentina: “No existe ingreso ilegal alguno ni ilícito penal imputable”, escribió. Esa decisión deberá revisarla otro fiscal.
El pedido a Baires Fly apunta al tramo que la causa todavía no aclaró: quién pagó el vuelo. Este jueves, la agencia AFP informó que el pago lo intermedió Fernando Martín Boye, un piloto y empresario argentino radicado en Miami desde hace más de una década, según una fuente que participó de la operación. De acuerdo con registros públicos, Boye es titular de al menos dos sociedades en Florida, Emerald Aviation y Huracan USA. Dos fuentes independientes del sector aeronáutico le dijeron a la agencia que Boye y Grande son amigos y que ya hicieron otros negocios juntos. Boye no respondió a las consultas de AFP.
Grande también se negó a responder sobre Boye. Este medio reveló que el vuelo que realizó Baires Fly costó unos US$140.000 y que lo pagó un broker desde una cuenta en Estados Unidos. El acuerdo se cerró el lunes 26, el mismo día en que Flávio les dijo a los dirigentes del Partido Liberal que se quedaría en Brasil para encabezar la oposición. Los pasaportes, que resultaron ser italianos, se le entregaron a la tripulación en el aeropuerto de Iguazú. El manifiesto registró cuatro pasajeros, el senador, su esposa y sus dos hijas, y tres tripulantes argentinos. La empresa admitió que el avión tuvo que esperar un día y que le cobró esa demora al cliente.
La empresa ya tenía exposición judicial antes del vuelo. Baires Fly aparece en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan transferencias a su cuenta de firmas vinculadas a los contratos del organismo y en la que está imputado el empresario Sergio Mastropietro, que intermediaba servicios de la compañía. Grande lo negó ante este medio: “Absolutamente un carajo tiene que ver Baires Fly con ANDIS”.