El juez Fabián Lorenzini dispuso la quiebra de la empresa textil con sede en Reconquista tras más de dos años de concurso de acreedores sin acuerdo con los acreedores ni ofertas para su salvataje.
La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda, una empresa textil vinculada a integrantes de la familia Vicentin, tras un concurso de acreedores que se extendió por más de dos años sin que se alcanzara un acuerdo con los acreedores ni se presentaran ofertas para adquirir la compañía en el proceso de salvataje.
El fallo fue firmado por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de 1ra Instancia Civil y Comercial de 2da Denominación de Rafaela. En la resolución, el magistrado indicó: “Luego de que venciera el plazo para la inscripción de interesados en el salvataje, sin haberse registrado presentaciones en tal sentido (art. 48, incs. 1 y 2 LCQ); y ante la falta de obtención de las mayorías legales (arts. 45 y 46 LCQ), corresponde declarar la quiebra de la sociedad ALGODONERA AVELLANEDA SA”.
Lorenzini explicó que la medida se adoptó “tras haber realizado todos los esfuerzos posibles y agotado cada instancia legal previa para evitar este momento”.
Algodonera Avellaneda se encuentra en la localidad santafesina de Reconquista y emplea a alrededor de 350 trabajadores. Actualmente, opera al 60% de su capacidad realizando trabajos a fasón para afrontar los salarios de su personal. Además de la planta hilandera, posee desmotadoras de algodón en General Pinedo (Chaco) y Banderas (Santiago del Estero).
Según un fallo anterior de Lorenzini en el marco del concurso, la firma mantiene una deuda con el Banco Nación, su principal acreedor, de $1.585.782.428,89 y U$S 260.791.600,40. Este monto representa el 80% de las acreencias no saldadas por la empresa.
La Sindicatura registró además un pasivo post concursal de $6.818.717.040,87 (correspondiente a períodos 2025-2026), originado en acreencias de servicios de energía eléctrica, obligaciones impositivas y laborales.
La compañía había solicitado la exclusión del Banco Nación por considerarlo un “acreedor hostil”, pedido que fue considerado “improcedente” por el tribunal.
Ante la falta de acuerdo y de ofertas para quedarse con la empresa en el proceso de cramdown debido a su abultada deuda, Lorenzini declaró la quiebra indirecta y habilitó la posibilidad de que se autorice la continuación de la actividad de la planta.
En el fallo, el juez sostuvo: “Declarada la quiebra, corresponde analizar la conveniencia de autorizar la continuación de la explotación cuando, por medio de este mecanismo, se pueda preservar de la mejor manera posible un mínimo margen de actividad productiva que (además), podría redundar en una conservación del valor de los activos, y mayor tutela del empleo, con carácter eminentemente transicional, mientras se procura de modo eficaz la liquidación de la empresa en marcha, mediante su adjudicación total, o por medio de la venta de unidades de negocios en funcionamiento”.