El gobierno de Donald Trump anunció medidas contra el tribunal con sede en La Haya, que podrían afectar su financiamiento, investigaciones y protección de testigos. La CPI calificó la decisión como un “ataque contra el Estado de derecho”.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos. Las medidas apuntan contra la institución en su conjunto y podrían paralizar parte de su actividad, según analistas.
¿Qué es la CPI?
La Corte Penal Internacional juzga a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Fue creada en 2002 y cuenta con 125 Estados miembros. Potencias como Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel no forman parte de ella.
El tribunal interviene solo si las jurisdicciones penales nacionales no pueden o no quieren llevar a cabo las investigaciones o los procedimientos. Desde su creación, ha pronunciado 15 condenas y cuatro absoluciones. Actualmente juzga, entre otros casos, al expresidente filipino Rodrigo Duterte. La corte emplea a unas 900 personas de cien nacionalidades.
A menudo se la confunde con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también radicada en La Haya, que juzga diferendos entre Estados.
¿Qué impacto tendrán las sanciones?
La administración Trump ya había adoptado sanciones contra altos responsables de la CPI, pero estas nuevas medidas apuntan contra la institución en su conjunto. Los responsables del tribunal pueden tener problemas para acceder a servicios bancarios, tarjetas de crédito, seguros y tecnología, debido a la dependencia de sistemas estadounidenses.
“Hemos sido extremadamente dependientes de los medios tecnológicos estadounidenses, ya sea Microsoft y muchas otras tecnologías auxiliares de Microsoft”, declaró el fiscal general, Mame Mandiaye Niang, a la AFP. “Intentamos encontrar medios alternativos, quizá menos eficaces que la tecnología estadounidense, pero al menos para mantener nuestra independencia, para poder continuar trabajando”, agregó.
Niang, también sancionado, explicó que las medidas tienen un fuerte impacto en su día a día: le es prácticamente imposible reservar medios de transporte u hoteles, o efectuar operaciones bancarias. Si las sanciones se extienden al conjunto de la institución, queda por determinar si la CPI podrá pagar a su personal, llevar a cabo investigaciones en el extranjero, proteger a los testigos o mantener en funcionamiento su centro de detención.
“Para nosotros, esto es una suerte de prueba de resiliencia”, declaró Niang.
¿Qué pueden hacer Países Bajos y Europa?
Como país anfitrión, Países Bajos tiene una responsabilidad particular respecto a la CPI y debe proteger las instalaciones y su personal, proveer “todos los medios de comunicación” y garantizar que los “activos financieros no sean sometidos a ninguna restricción”.
En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, prometió defender a la CPI “en mi país, en mi ciudad”. Este viernes, en reacción al anuncio de nuevas sanciones, Jetten declaró que su gobierno hará “todo lo necesario” para garantizar que la CPI pueda seguir funcionando.
Una posibilidad consistiría en que la Comisión Europea active un instrumento jurídico conocido como “mecanismo de bloqueo”, que sirve para proteger a los operadores europeos, particulares o empresas, de los efectos de sanciones extraterritoriales de terceros países. Este dispositivo prohibiría a las empresas europeas, en particular las entidades bancarias, cumplir las sanciones estadounidenses, y permitiría a la UE mitigar algunos de sus efectos.
Jetten declaró que habrá que aprovechar los seis meses que deben transcurrir antes de que entren en vigor las sanciones para promover el diálogo con Washington: “Esto nos dará tiempo de sobra”.
¿Por qué actúa así Estados Unidos?
La administración estadounidense está molesta porque la CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un aliado cercano de Washington, por presuntos crímenes cometidos en Gaza. Asimismo, teme que una investigación de la corte sobre Afganistán desemboque en acusaciones contra personal estadounidense.
Trump endureció el tono contra el tribunal y consideró que está “fuera de control”. Su secretario de Estado, Marco Rubio, prometió desmantelarlo “ladrillo a ladrillo”.
Bajo ningún presidente, Estados Unidos se ha mostrado muy favorable al trabajo que realiza la corte y nunca se ha planteado adherirse. Incluso dispone de una ley, apodada “Hague Invasion Act” (ley sobre la invasión de La Haya), que autoriza al país a emplear “todos los medios necesarios y apropiados” para liberar a cualquier militar o responsable estadounidense detenido por la corte.