Mandatarios provinciales señalan que el oficialismo ya no mide los 50 puntos de 2025 y anticipan disputas por las listas legislativas de 2027. La inflación de 1,7% no logra desplazar las preocupaciones por salarios, empleo y jubilaciones.
La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores aliados atraviesa un momento de reconfiguración. Según coinciden al menos cinco mandatarios provinciales, la imagen del presidente Javier Milei ya no alcanza los 50 puntos que ostentaba en 2025 y se ubica en un rango de entre 33 y 38 puntos, dependiendo del distrito. Esta situación, sostienen, modifica las condiciones de negociación para las elecciones legislativas de 2027.
En reuniones con gobernadores aliados, Karina Milei repite que el objetivo principal es “la reelección de Javier”. Esa prioridad implica que La Libertad Avanza no presentará candidatos propios en las elecciones provinciales de esos mandatarios, pero a cambio los gobernadores deberán ceder lugares en las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales. Varios gobernadores advierten que ese reparto no puede ser igual al de 2025 debido al debilitamiento del oficialismo.
Un gobernador del norte describió el escenario electoral actual: “Hoy el electorado está dividido en tres partes: un tercio anti Milei, un tercio con Milei pero con menos convicción y un tercer tercio que no sabe”. Además, señaló que el Presidente no ha logrado conformar un frente homogéneo como el que aglutinó Mauricio Macri con Cambiemos, y que dentro del mismo espacio ideológico existen potenciales competidores como Hernán Lacunza, Jorge Brito, Daniel Hadad o Victoria Villarruel.
En el plano legislativo, la oposición aliada volteó en comisión el tratamiento del proyecto de Super Rigi y logró imponer el tratamiento de iniciativas sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y para paliar la situación de deudores morosos. Ambas propuestas fueron aprobadas con 249 votos a favor en el Congreso.
En cuanto a los datos económicos, la inflación de la última semana se ubicó en 1,7%, la más baja en 14 meses, y las reservas del Banco Central se fortalecieron. Sin embargo, según el artículo, el alza de precios dejó de ser la principal preocupación social. Los reclamos se centran en el poder adquisitivo de los salarios, el empleo, las tarifas de servicios públicos y el endeudamiento. La caída del consumo provocó una baja en la recaudación que obligó al Gobierno a aumentar el recorte del gasto público proyectado para 2026 a un 5,4%.
Respecto de los jubilados, datos del INDEC de agosto indican que un adulto necesita 519.578 pesos para no ser pobre. La jubilación mínima, incluido el bono adicional no remunerativo de 70.000 pesos, alcanza los 489.775,92 pesos. Se estima que más de 5 millones de jubilados cobran la mínima, lo que implica que perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. El bono de 70.000 pesos no se actualiza desde hace 30 meses; si se hubiera ajustado según la inflación de la gestión libertaria, debería ser de 219.000 pesos.