El Gobierno nacional avanza con una iniciativa para penalizar a empresas que operen en las islas, en línea con un cambio de estrategia respecto de la negociación multilateral. La medida se apoya en el contexto internacional y en el atractivo de Vaca Muerta.
El Gobierno de Javier Milei profundiza una estrategia de presión económica sobre las empresas que realicen inversiones en las Islas Malvinas, según surge de declaraciones oficiales y documentos en análisis. La iniciativa, que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, prevé sanciones para compañías que operen en proyectos habilitados por el gobierno de las islas.
La decisión se enmarca en un contexto internacional de divergencias entre Estados Unidos e Israel, por un lado, y el Reino Unido, Francia y Canadá, por otro, en torno a conflictos en Medio Oriente. Además, el Gobierno utiliza el atractivo económico de Vaca Muerta como herramienta de presión, según indicaron fuentes oficiales.
El presidente Milei se distancia de la estrategia de negociación multilateral en el marco de las Naciones Unidas, que fue fundada durante el gobierno de Arturo Illia por el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz. En cambio, se aproxima al curso de acción que priorizó el kirchnerismo: ejercer una especie de embargo sobre la población de las islas mediante sanciones a potenciales inversores.
El desencuentro entre Estados Unidos e Israel con el Reino Unido tuvo una manifestación en marzo pasado, cuando el gobierno laborista de Keir Starmer se negó a autorizar a Estados Unidos a utilizar la base militar de la isla Diego García para atacar a Irán. En ese contexto, apareció un cable del Pentágono que insinuaba que Washington podría revisar su neutralidad en el diferendo por Malvinas.
La semana pasada, Trump repitió los términos de aquel cable. Milei, impulsado por Santiago Caputo, lanzó una iniciativa política que ocupa los principales esfuerzos de la administración. A esto se agregó la crítica del Reino Unido, Francia y Canadá contra Israel por la expansión de asentamientos en Cisjordania.
En Israel, el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, pidió a Benjamin Netanyahu que sancione al Reino Unido por la anexión ilegal de Malvinas. La defensa británica en el Parlamento sostiene que el avance de los colonos israelíes no es equiparable a la presencia del Reino Unido en las islas porque es resistido por el pueblo palestino, apelando al principio de autodeterminación de los pueblos.
La diplomacia argentina considera que los kelpers no son el pueblo de Malvinas sino una población implantada por una apropiación ilegal. Para dirimir la soberanía se pueden tener en cuenta los intereses de los habitantes, pero no sus deseos. De este debate depende qué comité de Naciones Unidas tiene competencia sobre el diferendo. La Argentina siempre fue exitosa en conseguir que sea el comité de descolonización.
El gobierno libertario profundizó una estrategia ya esbozada. Cuando la canciller Diana Mondino justificó un voto en contra del embargo norteamericano a Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas con el argumento de que, si no acompañábamos esa posición tradicional, no conseguiríamos los votos contra el Reino Unido en la cuestión Malvinas, Milei la despidió.
La ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso potencia la que en su momento impulsaron Pino Solanas y Cristina Kirchner. El espíritu de esa normativa procede de un proyecto frustrado de Eduardo Menem, quien siendo senador mantuvo una posición más combativa que la de su hermano Carlos, respaldando al canciller Guido Di Tella.
La decisión de sancionar a empresas que hagan negocios concedidos por el gobierno kelper se apoya en el valor de Vaca Muerta para las empresas internacionales de servicios petroleros. La amenaza de no hacer negocios en la Argentina si se involucran con los negocios de los usurpadores en Malvinas tiene otro voltaje. Milei resolvió llevarla a fondo.
El programa de sanciones debe atravesar algunas encrucijadas críticas. Una de las notificaciones que advertía sobre castigos a empresas que operaran en relación con el proyecto Sea Lion estaba dirigida a la empresa Bluewater, compañía de servicios contratada por Navitas, principal accionista del consorcio que opera en las islas, para proveer la planta flotante para la extracción de petróleo.
Gracias al aviso de un diplomático, se demoró el envío de la carta. Bluewater es la fabricante de las dos monoboyas en las que se sostendrá el oleoducto que sacará el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada. Las autoridades hicieron una excepción y esperaron a que esas boyas salieran de Dubai, sortearan el bloqueo del estrecho de Ormuz y fueran transportadas hasta la Argentina.
Las fechas de los contratos de Bluewater plantean un problema. En junio de 2025 el consorcio que opera el oleoducto, al que pertenece YPF, contrató a esta compañía como proveedora de las monoboyas. Pero Bluewater ya tenía un contrato con Navitas, de Sea Lion, que ya era público en enero de ese año. La ley que prevé sanciones para casos de este tipo, y que Milei quiere endurecer, no se aplicó.
Anoche, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, redactaron otra tanda de denuncias contra firmas que colaboraron con la explotación petrolera de Malvinas. El caso Bluewater habilita a plantear incógnitas sobre qué bancos financiaron a Navitas, la empresa israelí que, en sociedad con la inglesa Rockhopper, opera Sea Lion.
El procurador Amerio está en contacto permanente con el ministro de Economía para evaluar el costo eventual de las denuncias. Es posible que se introduzcan dispositivos disuasivos más que punitivos en la reforma a la ley de sanciones.
Entre las excepciones en danza está la situación de Eduardo Elsztain, empresario que estuvo comprando desde 2005 acciones de la Falkland Islands Holding, controlante de Falkland Islands Company. En 2017, cuando estuvo cerca de convertirse en accionista mayoritario, el gobierno británico lo bloqueó con el argumento de su origen argentino. Elsztain reivindica un enfoque particular del problema de la soberanía, el que adoptaron Carlos Menem y Di Tella: para recuperar las islas no hay que hostigar a los kelpers, sino involucrarse con ellos a partir de los negocios.
La puesta en escena no alivia al Gobierno en otros frentes. Desde la batalla parlamentaria por las moras financieras, hasta el nuevo derrumbe de la construcción y de la industria. Malvinas debe compensar esos sinsabores. Como señaló la especialista en campañas electorales Ana Iparraguirre, es casi imposible llevar agua para el propio molino cuando se trata de una cuestión que no provoca debate alguno.