Una investigación vinculó a proveedores municipales con el entorno del dirigente Francisco Basile en áreas de residuos, alimentación escolar y obra pública.
Buenos Aires, 11 agosto (NA) – La administración del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, concentra contrataciones municipales en tres áreas: recolección de residuos, Servicio Alimentario Escolar (SAE) y obra pública, con montos que alcanzan decenas de miles de millones de pesos.
Una investigación publicada este lunes vinculó, mediante antecedentes periodísticos y registros societarios, a empresas y cooperativas proveedoras del distrito con el dirigente Francisco “Chicho” Basile y miembros de su entorno familiar. La información no implica por sí misma la existencia de un delito, pero expone la permanencia durante años de un grupo reducido de actores alrededor de algunos de los contratos de mayor volumen económico del municipio.
En junio, la comuna convocó la Licitación Pública N°8/2026 para contratar durante cuatro años el servicio de recolección, con un presupuesto oficial cercano a los $78.500 millones. Mientras avanza ese procedimiento, la Cooperativa 31 de Mayo continúa como prestadora. La investigación de La Tecla sostuvo que distintas fuentes locales vinculan históricamente a esa entidad con el entorno de Basile.
En febrero, el Ejecutivo de Watson decidió asumir de manera directa el control del SAE y del módulo alimentario que estaban bajo la órbita del Consejo Escolar. Para el período septiembre de 2026-febrero de 2027 se lanzaron licitaciones por $7.761.692.400, distribuidas en distintas zonas del distrito.
En ese rubro aparece Ture S.A., cuya presidenta, según la investigación publicada este lunes, es Lorena Basile. El mismo informe indicó que la compañía recibió aproximadamente $2.000 millones durante febrero de este año para prestaciones destinadas al sistema escolar. En obra pública, Servicios y Gestión S.A., presidida por Francisco Basile, habría obtenido durante ese mismo mes contratos por aproximadamente $28.000 millones.
El municipio había fundamentado el traspaso del SAE en la necesidad de conseguir mayor agilidad, control de los proveedores e inspección sobre las prestaciones. El nuevo contrato de residuos tiene una duración prevista de cuatro años, por lo que la definición del proceso condicionará buena parte del gasto municipal futuro. La adjudicación y las empresas finalmente seleccionadas serán los próximos actos administrativos que permitirán determinar si continúa o se modifica la estructura actual de proveedores.