El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activó el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC), un organismo creado en 1996 que permaneció inactivo hasta la fecha.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activó el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), un organismo creado por el Congreso en 1996 mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva. Este tribunal permaneció inactivo desde su creación hasta la presentación de un caso por parte del gobierno de Trump.
El ATRC permite al gobierno mantener en secreto las razones por las que considera a un inmigrante como terrorista y limita las vías de impugnación de la deportación. Según la ley, los presuntos “terroristas extranjeros” reciben información limitada sobre las pruebas en su contra, lo que ha generado cuestionamientos sobre su constitucionalidad en relación con la Quinta Enmienda.
El abogado Andrew Arthur, quien supervisó casos de terrorismo en el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia en los años 1990 y 2000, declaró a CNN que “el ATRC era el último tribunal al que se habría querido recurrir”.
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos adquirió un sistema de hipervigilancia por hasta 1.000 millones de dólares, firmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con la empresa Palantir Technologies. El acuerdo, por cinco años, refuerza el trabajo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde la asunción de Trump el 20 de enero de 2025, su administración deportó a más de 500 mil personas. El sistema incluye mapas digitales para identificar objetivos de deportación, auditoría de accesos, integración de bases de datos y análisis automatizado de perfiles prioritarios.