La fiscalía pidió una condena de 10 años de cárcel para un hombre acusado de proxenetismo agravado contra su mujer, a quien habría obligado a mantener relaciones sexuales con más de 100 hombres en Suecia.
El lunes, la fiscal Ida Annerstedt solicitó una pena de 10 años de prisión para un hombre acusado de proxenetismo agravado contra su esposa, en un caso que recuerda al de Gisèle Pelicot en Francia. La víctima, una mujer sueca, denunció ante la Policía a finales de 2025 que su marido la obligaba a prestar servicios sexuales, presuntamente con más de 100 hombres en menos de tres años.
Según informó la cadena pública SVT Nyheter, la abogada de la víctima, Silvia Ingolfsdottir, también exige una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas. La fiscal Annerstedt declaró a la cadena pública: “Ha sido un caso complejo. Pocas investigaciones preliminares manejan tal cantidad de material”. Por su parte, la abogada de la demandante afirmó que el acusado “la ha utilizado como una tarjeta bancaria y la ha vendido como una mercancía”, y sostuvo que su defendida sufrió una “manipulación” constante.
La acusación sostiene que el marido manipulaba y atemorizaba a la víctima, y que él se llamaba a sí mismo “el monstruo” para infundirle miedo. “Es una forma que tiene él de conseguir que ella haga cosas que no quiere, para provocarle miedo”, indicó la fiscal Annerstedt.
El acusado niega los delitos y sostiene que su esposa participaba libremente en los intercambios. La legislación sueca penaliza la compra de servicios sexuales y el proxenetismo, pero no castiga a quienes venden sexo, considerados víctimas de explotación.
Según la acusación, el acusado comenzó a obligar a su esposa a vender servicios sexuales a través de plataformas en línea en agosto de 2022. La situación se agravó entre septiembre y octubre de 2025 por problemas económicos. La presunta actividad de proxenetismo duró poco más de tres años y terminó cuando la mujer huyó y presentó una denuncia.
En la mayoría de los casos, el marido contactaba con los compradores y fingía ser su esposa, algo que él niega. La acusación también afirma que llevaba la agenda de la mujer, le daba instrucciones sobre el tiempo y las prácticas con cada cliente, y grababa los abusos para publicarlos en páginas pornográficas, material que resultó útil para la investigación.
Paralelamente, se investiga a 121 presuntos pagadores de servicios sexuales. El plazo de prescripción del delito es de dos años, y la Policía trabaja con recursos adicionales para llevar ante la justicia al mayor número posible de investigados. Alrededor de 30 sospechosos ya han sido acusados.
El juicio concluirá este martes por la tarde con el alegato final de la defensa.