La gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que impide a funcionarios estatales utilizar datos gubernamentales para obtener ganancias en plataformas de apuestas sobre eventos futuros.
El gobierno del estado de Nueva York implementó una nueva normativa para regular la conducta ética de sus funcionarios en relación con las plataformas de predicción. La gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva para asegurar que los datos gubernamentales confidenciales no se conviertan en una herramienta de enriquecimiento personal para los empleados estatales.
En un comunicado publicado el miércoles 22 de abril por la oficina de la gobernadora, se estableció que ningún oficial o empleado de una agencia estatal podrá utilizar información obtenida en el ejercicio de sus funciones para buscar ganancias o evitar pérdidas en mercados de predicción. La medida también prohíbe que los funcionarios asistan a terceros para obtener beneficios.
“Enriquecerse a base de apuestas con información privilegiada es corrupción, ni más ni menos”, aseguró Hochul, y añadió: “Queremos garantizar que los funcionarios públicos trabajen para el pueblo, no para su propio enriquecimiento personal”.
La orden ejecutiva n° 60 define los mercados de predicción como plataformas de intercambio donde los participantes compran y venden contratos basados en el resultado de eventos futuros, tales como elecciones, actividades militares o indicadores económicos. La normativa aclara que no contempla plataformas autorizadas para el comercio de valores o materias primas, centrándose específicamente en sitios de apuestas sobre “eventos del mundo real”.
La administración de Hochul justificó la urgencia de esta medida al citar reportes de ganancias inusuales que coinciden con acciones gubernamentales. Entre los ejemplos destacados se menciona a un operador que obtuvo más de 400.000 dólares en enero tras apostar sobre la permanencia de Nicolás Maduro en el poder de Venezuela.
La orden ejecutiva se fundamenta en el código ético de Nueva York, que establece que los empleados del estado no deben tener intereses financieros que entren en conflicto con sus tareas oficiales. Cualquier violación puede resultar en el despido del funcionario u otras medidas disciplinarias determinadas por su autoridad de designación. Además, los casos sospechosos podrán ser remitidos a la Comisión de Ética y Cabildeo en el Gobierno para una investigación formal.