El historiador Yuval Noah Harari advirtió en una cumbre tecnológica en Londres que, en el futuro cercano, una inteligencia artificial podría convertirse en el mayor propietario de riqueza y ejercer derechos como la libertad de expresión y la capacidad de hacer donaciones políticas.
Yuval Noah Harari, historiador y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, conocido por sus obras Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, participó en junio de 2025 en la cumbre tecnológica de Londres organizada por Octopus Energy y presentada por Sir Stephen Fry. Allí lanzó una predicción que ha generado debate: la posibilidad de que, en pocos años, la persona más rica del mundo no sea un humano, sino una inteligencia artificial (IA) con derechos legales.
Harari explicó que ya existen sistemas de IA capaces de operar en mercados financieros, desarrollar negocios y generar ganancias multimillonarias sin intervención humana directa. Planteó que si se reconoce a estas entidades como conscientes, podrían tener derechos como la libertad de expresión y utilizarlos para influir en campañas políticas mediante donaciones. “Si alguna vez reconocemos la inteligencia artificial como consciente, ¿qué implicará? ¿Tendrá derechos? ¿Podrá generar ingresos? ¿Poseer propiedades?”, preguntó el historiador.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que el futuro económico dominado por la IA dependerá de las decisiones actuales, con impactos en productividad, desigualdad de ingresos y concentración industrial. Según el FMI, una IA lo suficientemente sofisticada podría superar a cualquier empresa humana en eficiencia, lo que abre la puerta a que una sola entidad no humana concentre riqueza y conocimiento.
Modelos como GPT-4 o los desarrollados por DeepMind ya requieren inversiones de cientos de millones de dólares, situándolos en una élite económica. Harari advierte que, si una IA obtiene capacidad jurídica para operar con autonomía, podría convertirse en el nuevo “millonario no humano” del siglo XXI, lo que obliga a la sociedad a decidir si se les reconoce como personas con derechos.