En el último mes, varios expedientes por presuntos hechos de corrupción que involucran a figuras del oficialismo han cobrado mayor celeridad en los tribunales federales, en un contexto de internas dentro del Poder Judicial.
En las últimas semanas, los tribunales federales con sede en Comodoro Py han registrado un avance significativo en varias causas judiciales que involucran a funcionarios del gobierno nacional. Entre los expedientes que han cobrado mayor celeridad se encuentran investigaciones por presuntos hechos de corrupción que alcanzan a figuras del oficialismo.
Entre las causas que se encuentran en trámite, se destaca la investigación por la supuesta compra irregular de propiedades, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Asimismo, avanza la causa por la denominada cripto estafa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, que involucra a los hermanos Javier y Karina Milei. También ha acelerado su curso el expediente Andis, que investiga al exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a otros 18 imputados.
Este incremento en la actividad judicial se da en un marco de tensiones internas dentro del Poder Judicial. Recientemente, la Corte Suprema presentó un plan para transparentar los concursos de selección de jueces, una iniciativa que no contó con la firma de su presidente, Horacio Rosatti, y que ha generado discusiones en el Consejo de la Magistratura. Algunos analistas vinculan estas disputas internas con la dinámica que han tomado las causas contra el gobierno.
Desde el oficialismo, la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia no habría logrado, según observadores, contener el avance de las investigaciones. El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) señaló que, si bien Mahiques llegó con el beneplácito de un sector de Comodoro Py, no ha logrado el consenso esperado.
Expertos en derecho, como Alberto Binder, han advertido sobre lo que denominan una “disputa por la cooptación del Poder Judicial”, refiriéndose a la negociación política en torno a un gran número de cargos judiciales que definirán la conformación de la justicia federal en los próximos años.