La Justicia federal investiga si hubo irregularidades en los controles fronterizos y la posible facilitación de la salida del hijo del expresidente brasileño. Una denuncia en Puerto Iguazú fue desestimada al no registrarse restricciones vigentes contra Bolsonaro.
El juzgado federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, concentra las denuncias presentadas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por la salida de Flavio Bolsonaro de Argentina. La fiscal Paloma Ochoa, que instruye la causa, solicitó este jueves las primeras medidas de prueba, según confirmaron fuentes judiciales.
Las denuncias fueron presentadas el miércoles por el dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, y por el diputado Esteban Paulon (Provincias Unidas-Santa Fe). Solano acusó a Milei por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Paulon denunció al presidente, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor presidencial Santiago Caputo.
La fiscal Ochoa, con el aval de Capuchetti, dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos para determinar si existieron irregularidades en los controles fronterizos y si funcionarios del Gobierno facilitaron la llegada de Bolsonaro al país y su posterior salida desde el aeropuerto de Iguazú. Además, la jueza exigió las cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina, con el fin de establecer todos los movimientos de Bolsonaro en territorio argentino.
En su denuncia, Solano afirmó que Milei “organizó un operativo para facilitar la fuga de Flavio Bolsonaro y evitar que rinda cuentas ante la Justicia de Brasil”. Sostuvo que “el propio Gobierno terminó reconociendo que Bolsonaro y su familia estuvieron en la Argentina y salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada negara su presencia”. También mencionó la información sobre la presencia de Santiago Caputo en Puerto Iguazú “para dirigir personalmente la fuga”. Solano adelantó que el lunes ampliará la denuncia y pidió que se preserven los registros migratorios, las comunicaciones, los planes de vuelo y las órdenes de custodia.
Paulon, por su parte, destacó en su presentación que “no existe mención por parte del gobierno de la existencia de un pedido formal o informal de asilo político ante nuestro país o terceros, como tampoco salvoconducto diplomático”.
En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú desestimó este jueves una tercera denuncia por averiguación de delito relacionada con el ingreso de Bolsonaro al país. El fiscal subrogante Aníbal Fabián Martínez consideró que no existió delito en la acción de pasar por la frontera argentina. Según su dictamen, Interpol informó que, al consultar sus bases de datos, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Flavio Bolsonaro al momento del informe. El fiscal consideró inconducente avanzar con otras medidas solicitadas, entre ellas requerimientos de cámaras, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros, comunicaciones de la aeronave matrícula LV-JQW y documentación vinculada a empresas privadas. No obstante, la fiscalía de Puerto Iguazú remitirá copia de la desestimación a la Fiscalía Federal N° 10 de Capital Federal, a cargo de Paloma Ochoa.