El Poder Ejecutivo mantuvo un encuentro con legisladores de distintos partidos para avanzar en la aprobación del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas. El plenario de comisiones se realizará el 27 de octubre a las 16 horas.
El Gobierno mantuvo una reunión con diputados nacionales para tratar el proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y legisladores del PRO, el MID y el Partido Justicialista (PJ).
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá el 27 de octubre a las 16 horas para dictaminar el proyecto. En caso de obtener dictamen, se evaluará la posibilidad de una sesión el miércoles 28 de octubre, última fecha disponible en el calendario legislativo.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo en sus redes sociales: “Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”. Además, indicó que la Ley de Defensa de la Soberanía es “prioridad para este Gobierno” porque la causa Malvinas “es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”.
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas, con hasta 20 años de prisión, por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y la inhabilitación para operar en la Argentina. Se reemplaza la Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa crea un registro público de infractores y establece la prohibición para el Estado y los particulares de contratar con los inscriptos. Incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.
Además, crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este Consejo tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación. También se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
Se incorporan delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales. Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.