Un salvadoreño de 69 años con Estatus de Protección Temporal (TPS) y su familia informaron la cancelación de sus pagos de jubilación por parte de la Administración del Seguro Social (SSA). La agencia fundamentó la medida en la falta de presencia legal en el país, mientras un abogado sostiene que la normativa contempla una extensión automática del permiso.
Un salvadoreño de 69 años beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y su familia informaron la suspensión de sus cheques de jubilación por parte de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). La entidad basó la decisión en la finalización del permiso migratorio, lo que derivó en el reclamo del reintegro de un pago mensual ya depositado.
El caso de Juan Cerén
Juan Cerén, de 69 años, reside en Estados Unidos desde 1990. Recibió una notificación de suspensión de sus prestaciones de jubilación en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad del TPS para El Salvador. El hombre cuenta con comprobantes de pago de impuestos, permisos de trabajo e historial de renovación del beneficio migratorio.
Según relató a Univision N+, tras años de aportes al sistema, el Seguro Social le comunicó la cancelación de su pensión de retiro y le solicitó el reembolso del pago depositado para el mes de octubre.
“Nos sentimos abrumados porque nos llega esta carta donde nos dicen que no tengo más beneficio de mi jubilación”, declaró Cerén. Su esposa, Marta Olivas de Cerén, agregó: “Nos cayó como un balde de agua helada abrir esas cartas del Seguro Social donde le comunican a mi esposo que en realidad ya están cortados sus beneficios”.
En la carta, la SSA escribió: “Basado en la información que tenemos, no podemos pagarle beneficios comenzando septiembre de 2026. No podemos pagarle beneficios a usted debido a que no está presente legalmente en Estados Unidos”.
Para el núcleo familiar, la pérdida de este ingreso representa un impacto económico que lo obliga a retornar al mercado laboral en momentos en que le correspondía jubilarse.
Extensión del TPS y contradicción normativa
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 10 de enero de 2025 una extensión de 18 meses del TPS para El Salvador, que comenzó el 10 de marzo de ese año y tenía como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2026.
El abogado de inmigración Alex Gálvez sostuvo que la cancelación de las pensiones contraviene los lineamientos oficiales publicados en los portales del gobierno federal. “Es una violación y una contradicción a lo que el gobierno publicó en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El amparo y el permiso de trabajo se extienden. No pueden extender el permiso de trabajo y no extender el Seguro Social”, afirmó.
Según explicó el especialista, la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla una extensión de seis meses cuando no se determina la terminación de la designación del TPS conforme al procedimiento previsto. La situación de los permisos de trabajo debe analizarse según las disposiciones oficiales aplicables.
De acuerdo con la interpretación del abogado, la extensión automática prevista por la legislación permitiría mantener la protección hasta el 9 de marzo de 2027, mientras no se adopte una nueva decisión sobre la designación.
Posición de la SSA
En su sitio web oficial, la SSA señala que la sección 202(y) de la Ley del Seguro Social establece restricciones al pago de prestaciones mensuales a extranjeros durante los períodos en los que no se encuentren legalmente presentes en el país norteamericano.
Para tomar esta determinación, la agencia remarca que es necesario analizar la vigencia de la protección migratoria, las condiciones de presencia legal y el motivo específico de cualquier decisión administrativa. Asimismo, contempla procedimientos de revisión cuando una persona considera que sus prestaciones fueron suspendidas incorrectamente.
En el caso de Cerén, se aplica el principio explicado por Gálvez, contenido en la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que implica la extensión automática al no ajustarse a los plazos.
Frente a las afectaciones reportadas, los expertos aconsejaron a los beneficiarios impactados contactar a sus representantes en el Congreso y el Senado, así como explorar la presentación de demandas ante la corte federal.