El Gobierno anunció en París un esquema que otorga pasaporte argentino a inversores que realicen aportes de capital o compren bonos de deuda. La iniciativa incluye controles alineados con la OCDE y el GAFI, en un contexto de cuestionamientos internacionales a este tipo de programas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron en París, en el marco de la Argentina Week, un programa de ciudadanía por inversión que permite obtener el pasaporte argentino a quienes realicen aportes “relevantes” en efectivo o compren bonos de deuda.
Según lo informado, el esquema contempla dos mecanismos: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público por US$800.000 creado para el programa. Los familiares del solicitante principal también podrán aplicar: cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, mediante un aporte de US$100.000; y menores de 18 años con US$25.000.
Caputo declaró que “este anuncio forma parte del proceso continuo de apertura e integración internacional de Argentina”. El programa incluirá “evaluación y controles” alineados con las recomendaciones de la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y será conducido por una nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión con la participación de organismos especializados.
La práctica de “comercio de ciudadanías” ha sido motivo de alertas internacionales. El GAFI advirtió que este tipo de programas son utilizados con frecuencia por capitales de origen dudoso para ocultar fortunas, evadir impuestos o eludir la trazabilidad de fondos de sospechosa procedencia. Países como Malta, que ofrece su ciudadanía por US$750.000, recibieron cuestionamientos de la Unión Europea, que pidió abandonar el programa antes de 2028.
Otros países que implementan esquemas similares son República Dominicana (desde US$200.000), Antigua y Barbuda (desde US$230.000), Granada (desde US$235.000), Santa Lucía (desde US$240.000), San Cristóbal y Nieves (desde US$250.000), Vanuatu (desde US$130.000), Egipto (desde US$250.000) y El Salvador (US$1 millón en Bitcoin o dólares digitales).
Especialistas en derecho inmigratorio han señalado que estos programas pueden complejizar el control de antecedentes penales o de las intenciones de los compradores, especialmente cuando no se exige residencia efectiva. El debate sobre la “ley de extranjerización de tierras” también podría verse afectado, ya que un inversor con pasaporte argentino no necesitaría una norma que limite o extienda sus posibilidades de compra.
El anuncio se produce en un contexto en el que el presidente Javier Milei afirmó recientemente que en dos años Argentina expulsó a 30.000 terroristas del país, declaración que no fue verificada oficialmente.