El Ministerio de Cultura de Ucrania informó que, a fines de agosto de 2026, 2.138 sitios del patrimonio cultural y 2.640 instituciones culturales resultaron dañados o destruidos por ataques rusos. Además, anunció un acuerdo con el British Council por 2 millones de libras esterlinas para un fondo de protección y restauración.
La invasión rusa de Ucrania, que derivó en una guerra de ocupación y resistencia, entró en su quinto año y está cerca de superar la duración de la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de pérdidas humanas supera los dos millones y entre los daños colaterales se encuentran los bienes culturales de la región en conflicto.
El martes pasado, en un comunicado, el Ministerio de Cultura de Ucrania difundió cifras: a fines de agosto de 2026, 2.138 sitios del patrimonio cultural y 2.640 instituciones culturales habían resultado dañados o destruidos por ataques rusos. De estos, 47 sitios del patrimonio y 569 instituciones fueron destruidos por completo.
Junto a esta evaluación, el mismo Ministerio anunció un acuerdo con el British Council, con una contribución inicial de este en 2 millones de libras esterlinas para un fondo centrado en la protección, preservación y restauración del patrimonio cultural de Ucrania. Esto incluye intercambios profesionales y educativos para especialistas, esfuerzos para contrarrestar la sustracción ilícita y el tráfico de bienes culturales, y la lucha contra la desaparición de la identidad cultural ucraniana.
Para Naira Arutyunova, asesora legal de Global Rights Compliance (GRC): “El derecho internacional humanitario contiene normas específicas que protegen el patrimonio cultural durante los conflictos armados. Atacar intencionadamente un sitio cultural, religioso o histórico protegido que no se haya convertido en objetivo militar puede constituir un crimen de guerra. Incluso cuando un objetivo militar se encuentra en el sitio o cerca de él, las partes en conflicto deben tomar precauciones viables para minimizar los daños, y el principio de proporcionalidad sigue aplicándose”.
Según PEN Internacional, al menos 102 escritores y artistas fueron asesinados por las fuerzas rusas desde el 24 de febrero de 2022. Y no solo personas son víctimas, también lo son libros, edificios y el patrimonio cultural. En un informe del diario ucraniano Pravda, más de 1,5 millones de libros fueron destruidos solo en julio de este año. Ni las imprentas ni las oficinas de las editoriales se libraron de los ataques rusos. Alina Solovyova, investigadora del Centro Robert Schuman del Instituto Universitario Europeo en Italia, cita un comentario de James Hose (exdirector de la misión de Usaid en Ucrania), para explicar la política detrás de la masacre: “El Kremlin esencialmente quiere borrar la idea misma de la existencia de la nación ucraniana”.
Las Fuerzas de Defensa de Ucrania afirman que Rusia no solo está destruyendo instalaciones, sino que también está sustrayendo bienes culturales, es decir, cometen pillaje. Citan el caso de la actividad ilegal de arqueólogos rusos en la zona medieval de Salkhat, en Stary Krym, Crimea ocupada. Parte del acervo cultural del yacimiento, que data de los siglos XIII y XIV, se perdió para siempre durante las excavaciones. Una parte de los objetos hallados en aquel entonces fueron transferidos posteriormente al Museo Estatal del Hermitage de Rusia. Más tarde, Rusia los incluyó en su catálogo estatal como parte de su colección museística. De esta manera los objetos históricos robados fueron legalizados.
El artículo 4 de la Convención de La Haya (UNESCO, 1954), establece que los ataques contra sitios culturales no pueden llevarse a cabo en tiempos de guerra, ya que tales daños constituyen un daño al patrimonio de toda la humanidad. El artículo 8 del Estatuto de Roma también considera los ataques deliberados como crímenes de guerra. Para el Segundo Protocolo de 1999 del Convenio de La Haya, si las fuerzas armadas utilizan un edificio con fines militares o para almacenar armas, esa protección deja de existir y, por lo tanto, el ataque puede ser legal, dependiendo de su naturaleza y de los daños causados.
Una parte del problema radica en la definición del delito. Hoy se lo considera crimen de guerra, existiendo el caso de Tombuctú en Malí (ver recuadro). Por la intensidad y precisión de los ataques rusos, surge la definición “genocidio cultural”, como el que incluyó la política de los nazis para borrar toda huella de la cultura judía en territorio alemán o los turcos durante el genocidio armenio. La otra parte del problema es demostrar que esa destrucción corresponde a un plan sistemático ruso a través de órdenes directas. Tema que surgió en varias ocasiones ante el Tribunal para la ex-Yugoslavia.
El caso Tombuctú
Ahmad Al Faqi Al Mahdi, nacido en 1975, fue un dirigente insurreccional tuareg miembro del grupo Ansar Dine, vinculado a Al Qaeda del Magreb Islámico.
En 2012, durante el conflicto armado en el norte de Malí, Al-Mahdi aplicó las decisiones de la Corte Islámica de Tombuctú de mayo a septiembre de 2012, convirtiéndose en líder de la milicia. Bajo este poder de fuego, ordenó la destrucción de nueve santuarios antiguos –declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco– y de las puertas de la mezquita Sidi Yahya, erigida en el siglo XV.
Denunciado por el gobierno de Malí, fue arrestado en Níger en 2015 y enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. Al año siguiente, fue a juicio por “crimen de guerra por destrucción de bienes culturales” y se convirtió en el primer criminal de guerra en la historia de la CPI en declararse culpable y pedir disculpas. Recibió condena a nueve años de cárcel, luego reducida a siete años, con una multa de 2,7 millones de euros. Al-Mahdi salió en libertad en 2022.
La pena para Al Mahdi fue leve en relación al daño causado, porque además no existe la figura legal de “genocidio cultural”.