Un gran jurado determinó que la Administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, malversó 10 millones de dólares de fondos públicos destinados a la fundación Hope Florida y a campañas políticas, sin que haya pruebas suficientes para imputar a una persona.
Un gran jurado concluyó que la Administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, malversó 10 millones de dólares de fondos públicos para destinarlos a la fundación Hope Florida, vinculada a su esposa, Casey DeSantis, y a campañas políticas. El documento judicial, obtenido por CBS, establece que no hay pruebas suficientes para imputar a ninguna persona.
El informe, publicado por CBS Miami, también implica a dos candidatos republicanos en Florida: el fiscal general James Uthmeier y la senadora Ashley Moody, quienes buscan mantenerse en sus cargos en las elecciones del 3 de noviembre.
El documento, bajo reserva desde enero pasado en la Oficina del Secretario del Condado de León, encontró que ese dinero, destinado para asistencia social, incluyendo niños, pasó por varias organizaciones hasta llegar a las cuentas del Partido Republicano de Florida y dos comités de acción política.
El dinero se usó para financiar una campaña contra un referendo ciudadano que pedía la legalización del cannabis en 2024, cuando no alcanzó el nivel de 60 % necesario para su aprobación.
Los 10 millones de dólares que recibió la fundación de DeSantis provinieron de un acuerdo entre el gobierno de Florida y la empresa Centene Corporation para resolver una disputa por cargos del programa de salud Medicaid.
El informe señala que Uthmeier, entonces jefe de gabinete del gobernador, tenía un comité político, ‘Keep Florida Clean’, que “fue el principal receptor de la mayoría de los 10 millones de dólares de fondos de los contribuyentes”, según testimonio citado por el reporte. Moody, entonces fiscal general, tenía conocimiento de los hechos y “autorizó” a uno de sus subordinados firmar el acuerdo.
Pese a la conclusión, el gran jurado aceptó que “no hay evidencia suficiente para imputar a alguien”, pues “nadie asumió la responsabilidad de decidir que los 10 millones de dólares irían a Hope Florida”. El documento establece: “Si bien no podemos probar quién es responsable, podemos ver claramente que el dinero de los contribuyentes se utilizó indebidamente con fines políticos y nos gustaría que se realicen cambios para evitar que esto vuelva a suceder”.
La revelación sacude las campañas políticas en Florida. Los candidatos demócratas a gobernador, David Jolly; al Senado, Angie Nixon, y a fiscal general, José Javier Rodríguez, exigieron las renuncias de los involucrados, como Uthmeier y Moody, además de una nueva investigación. Nixon declaró en un comunicado: “Es una corrupción profunda y repugnante. Ashley Moody ha demostrado que está dispuesta a traicionar a las familias vulnerables de Florida”.
Moody respondió a través de sus redes sociales. En un largo tuit, atribuyó la publicación de la información a un intento de empañar su campaña política e indicó: “La Fiscalía General no tenía conocimiento de cómo se gastarían los fondos ni desempeñó ningún papel en la forma en que Hope Florida, la AHCA o la legislatura gastarían el dinero del acuerdo”.
Con información de agencia EFE.