La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca, México, y exigió una investigación exhaustiva. El ataque ocurrió el 22 de julio mientras desayunaba en un puesto callejero.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en el estado de Oaxaca, México, y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que identifique y sancione a todos los responsables.
A través de un posicionamiento en su página web, la organización advirtió que la impunidad sostenida en los crímenes contra periodistas alimenta la repetición de los ataques al enviar un mensaje de permisividad frente a la violencia contra la prensa.
El periodista fue atacado por hombres armados la mañana de este 22 de julio mientras desayunaba en un establecimiento de comida callejera en el municipio de San Pablo Etla, en el estado de Oaxaca. Murió en el lugar. Una mujer que se encontraba en el puesto resultó herida.
Leyva Aguilar tenía 60 años y una trayectoria de casi tres décadas en el periodismo. Dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) entre 2016 y 2020, durante la administración del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa. En los últimos años publicaba la columna política El Zumbido del Moscardón, difundida en varios medios de Oaxaca y seguida por más de 15.000 personas en Facebook.
Horas antes de ser asesinado, el periodista publicó su última columna. En ella abordaba la inseguridad en el estado y la presunta injerencia del crimen organizado en la economía y la política local. También cuestionaba la gestión del gobernador Salomón Jara Cruz en la Guelaguetza, la celebración cultural más representativa de Oaxaca. Un día antes del ataque había asistido a una conferencia de prensa organizada por la dirigencia estatal del PRI.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, declaró: “Este asesinato confirma, una vez más, el clima de extrema vulnerabilidad en el que ejercen su labor los periodistas en México. No se puede permitir que la violencia siga silenciando voces críticas. Exhortamos a las autoridades actuar con celeridad y firmeza para evitar que este crimen quede impune”.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, sostuvo: “La reiteración de estos hechos violentos refleja la grave crisis de seguridad y de impunidad que enfrenta el periodismo en México. Es urgente que el Estado adopte medidas efectivas de protección y garantice condiciones reales para el ejercicio libre y seguro de la profesión”.
La organización recordó que apenas la semana anterior el periodista Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio en Puebla.
El 14 de julio de 2025, un año antes del ataque, Leyva Aguilar acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para denunciar amenazas de muerte que vinculó con una campaña de desprestigio impulsada desde el gobierno estatal, según documentos consultados por RSF. Dos días después presentó una denuncia formal ante la FGR contra el gobernador Jara y dos funcionarios de su administración. La Fiscalía federal abrió una investigación por amenazas pero no adoptó ninguna medida de protección. Remitió el expediente a la fiscalía estatal 12 días después. La fiscalía oaxaqueña solo acusó recibo cuatro meses más tarde, en noviembre de 2025, de acuerdo con RSF.
Ese mismo mes, el periodista denunció públicamente que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su gestión en la CORTV, cinco años después de haber dejado el cargo. Lo interpretó como una forma de “persecución con fines de censura o autocensura”. En esa publicación escribió: “Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”.
El fiscal Rodríguez Alamilla afirmó que el único antecedente de Leyva en los registros de la fiscalía estatal era un reporte por robo de vehículo de 2008, sin relación con su actividad periodística.
El gobernador Jara reconoció en un comunicado que Leyva Aguilar era “un periodista crítico” de su gobierno y sostuvo que “ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”. Informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca coordinarse con la FGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para fortalecer las investigaciones.
El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, encabezó el recorrido por la escena del crimen. Confirmó que cámaras de videovigilancia registraron a dos personas en motocicleta y que una de ellas está señalada como quien disparó. En el lugar se localizaron tres casquillos calibre 9mm, de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Rodríguez Alamilla confirmó también la detención de una persona, aunque precisó que aún se determinaba si tuvo participación en el homicidio. La fiscalía activó el rastreo de los agresores con el sistema C5 y cámaras de viviendas del fraccionamiento. Señaló que, aunque no existe un móvil confirmado, la actividad periodística de Leyva forma parte de las líneas de investigación.
Con el asesinato de Leyva, México registra ya siete crímenes contra periodistas en siete meses. La lista de comunicadores asesinados en México en lo que va del año incluye a: Carlos Castro (Poza Rica, Veracruz, 8 de enero), Juan David Gámez (Nuevo León, 18 de marzo), Roxana Guzmán (Veracruz, secuestrada el 2 de junio y hallada muerta a finales de ese mes), Luis Ángel López (Poza Rica, 11 de junio), Alex Serna (Zihuatanejo, Guerrero, 3 de julio), Josué Martínez Contreras (Puebla, 16 de julio). Veracruz concentra la mayor parte de los casos. Entre las víctimas hay periodistas que contaban con mecanismos de protección activos al momento de ser asesinados.
Los datos por administración federal muestran que durante el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados 48 periodistas; en el de Enrique Peña Nieto, 47; en el de Andrés Manuel López Obrador, otros 47. México ocupa el puesto 122 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de RSF y cae hasta el puesto 160 en el indicador específico de seguridad.
La SIP advirtió que la impunidad “no solo priva de justicia a las víctimas y sus familias, sino que también alimenta la repetición de estos ataques”. La organización agrupa a más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.