La instalación de cámaras de seguridad sin cumplir la normativa puede derivar en sanciones económicas. En España, las multas alcanzan los 3.000 euros por enfocar la vía pública o no colocar carteles informativos. En Argentina, la regulación es similar y exige respetar la privacidad de terceros.
Con el inicio del verano, muchas personas optan por instalar cámaras de vigilancia en sus viviendas para prevenir hurtos o allanamientos. Sin embargo, una colocación incorrecta puede generar multas de hasta 3.000 euros en España, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) y la normativa de la Agencia de Acceso a la Información Pública establecen requisitos similares.
Requisitos legales para instalar cámaras
La normativa exige colocar carteles informativos visibles en cada acceso grabado, que indiquen el responsable, la finalidad de la grabación y el canal para reclamar. La ausencia o información incompleta puede acarrear multas de entre 1.000 y 6.000 euros en España. En Argentina, la falta de cartelería o de notificación a los afectados puede derivar en sanciones administrativas.
Otro punto clave: las cámaras no deben enfocar espacios públicos (aceras, calles) ni propiedades vecinas. Si captan la vía pública, la multa en España va de 600 a 3.000 euros. En Argentina, la captación no autorizada de espacios públicos o privados ajenos puede violar el derecho a la privacidad y generar reclamos judiciales.
Almacenamiento y uso de las grabaciones
Las grabaciones no pueden conservarse más de 30 días sin motivo justificado. Compartir imágenes por WhatsApp o redes sociales sin causa legal está prohibido. En España, una comunidad de vecinos recibió una multa de 20.000 euros por difundir grabaciones en un grupo. En Argentina, la divulgación no autorizada de imágenes personales puede configurar una infracción a la Ley de Protección de Datos.
El uso de tecnologías como reconocimiento facial sin evaluación de impacto previa puede elevar las sanciones a 50.000 euros en España. En Argentina, cualquier tratamiento de datos biométricos debe cumplir con los principios de licitud, finalidad y proporcionalidad establecidos en la normativa vigente.
En conclusión, instalar una cámara de seguridad requiere cumplir con las leyes de protección de datos para evitar sanciones económicas y garantizar la privacidad de terceros.