La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, definió un plan de protestas escalonadas que incluye cortes de ruta y una marcha federal, en reclamo por políticas sociales y económicas.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha aprobaron en asambleas realizadas el 9 de junio un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei. El plan contempla cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que podría derivar en un paro general antes de fin de año.
Las asambleas se realizaron frente a las sedes de las secretarías de Trabajo en todo el país. En esos encuentros confluyeron la UTEP, Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, calificó la situación como “una emergencia social desbordante”.
La estrategia aprobada opera en dos planos. El primero se centra en el programa Volver al Trabajo, que se sostiene por una medida cautelar del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos del programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El Gobierno apeló el fallo y la causa es analizada por la Cámara Federal de San Martín. La resolución judicial frenó el cierre del programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben 78.000 pesos mensuales, monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria.
Si el Gobierno incumple la cautelar, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. Desde el Ministerio de Capital Humano afirmaron que no incumplirán la medida. El reclamo incluye un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio una jornada de protesta.
El segundo plano articula una coordinación con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede de la CGT, el triunvirato cegetista recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy. Participaron también confederaciones como COSITMECOS, CATT, CASIA, CSIRA y CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico compartido fue que el rumbo económico profundiza el debilitamiento industrial, genera pérdida de empleos y deterioro del poder adquisitivo.
De ese encuentro surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado. La CGT optó por un esquema gradual, mientras que voces como las de Roberto Baradel, Daniel Catalano, Yasky y Godoy insistieron en acelerar las manifestaciones en la vía pública. La UTEP proyecta una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un nuevo paro general antes de fin de año.
La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes del MTD Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos el 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón. En los próximos días, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez en barrios populares.
Un relevamiento de Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires indica que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para pagar deudas. El informe señala que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.
El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano. La organización trabaja en una jornada multisectorial que convoque a gremios, estudiantes, feminismo y Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, declaró: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. También señaló el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.
La coordinación entre centrales obreras tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la OIT en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales.
Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral sobre situación de calle en Argentina señala que el perfil de quienes llegan a la calle se diversificó: incluye familias enteras, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación. El informe indica que solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. Agrega que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional.
El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada en diciembre de 2021, representó un avance, pero advierte que su implementación es débil por falta de lineamientos operativos homogéneos y financiamiento. El Decreto 373/2025, que trasladó a provincias y CABA gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales, según el informe.