Un informe del Observatorio del Control Público de Fundación Éforo revela que seis provincias no tienen Defensor del Pueblo, el Congreso no elige al nacional desde hace 17 años y tres distritos concentran el 91% de los recursos destinados a estas defensorías.
Buenos Aires, 7 de junio (NA) – En Argentina, seis provincias no cuentan con la figura institucional de la Defensoría del Pueblo y el Congreso no designa al Defensor del Pueblo de la Nación desde hace 17 años. Así lo indica un informe elaborado por el Observatorio del Control Público de Fundación Éforo, que abarca 25 jurisdicciones: las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el relevamiento, en las provincias de Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa no existe la figura del Defensor del Pueblo. En Tierra del Fuego, la vigencia institucional aparece como incierta. Además, siete provincias no tienen partida presupuestaria identificable para la función defensorial, lo que deja a más de 12 millones de argentinos sin acceso garantizado a este mecanismo de control ciudadano.
El informe señala que solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Buenos Aires concentran cerca del 91% de los recursos subnacionales destinados a defensorías del pueblo. Para 2026, la inversión presupuestaria desde Nación en la Defensoría del Pueblo arroja una asignación de 330 pesos por ciudadano, monto superado por las restantes provincias. En cuanto a la paridad, ninguna norma de creación de las defensorías del país contempla explícitamente el cupo de género en el nombramiento de sus autoridades.
La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, afirmó: “La Defensoría del Pueblo de la Nación invierte el monto más bajo de todo el país. Incluso provincias como Chaco y Córdoba, con presupuestos acotados, destinan 50% más por ciudadano que Nación. Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto: sin recursos no hay defensa posible de los derechos”.
Las Defensorías del Pueblo son instituciones que tienen como función garantizar derechos humanos, recibir quejas y reclamos ante violaciones de derechos, realizar evaluaciones de políticas públicas y representar colectivamente causas judiciales reclamadas por la ciudadanía. También asesoran en temas como acceso a vivienda, regulación de alquileres, tarifas de servicios básicos y conflictos civiles y comerciales.