El economista Federico Glustein analizó en Canal E los límites regulatorios y de confianza que impiden a los bancos prestar la totalidad de los USD 17.000 millones en depósitos, y recomendó gradualismo para evitar crisis.
El economista Federico Glustein analizó en Canal E el debate sobre los dólares de los ahorristas que permanecen en los bancos y todavía no se vuelcan masivamente al crédito. Según explicó, las entidades financieras cuentan con alrededor de USD 17.000 millones de depósitos, pero existen límites regulatorios, prudenciales y de confianza que impiden prestar la totalidad de esos fondos.
Glustein sostuvo que la cautela actual tiene una explicación. “Hay ciertas limitaciones para apostar los dólares. Los bancos tienen sus encajes”, señaló, al remarcar que no todo depósito puede transformarse automáticamente en préstamo. Además, recordó que Argentina viene de distintos blanqueos y mecanismos para atraer fondos, por lo que todavía hace falta consolidar respaldo en reservas internacionales y confianza de los depositantes.
El economista explicó que esos depósitos hoy rinden poco. Según indicó, las colocaciones en dólares pagan entre 1% y 2% anual, una tasa baja que podría mejorar si una parte de los recursos se utilizara dentro del sistema financiero. Sin embargo, advirtió que avanzar demasiado rápido podría generar problemas si los dólares prestados luego son retirados o si aparece una crisis de confianza.
Glustein planteó que la prudencia del Gobierno y del sistema financiero responde a una necesidad de estabilización. Parte de la estrategia oficial consiste en mantener esos depósitos “intocables” durante un tiempo prudencial para ordenar la macroeconomía, con el objetivo de evitar que una dolarización acelerada del crédito genere una nueva fragilidad externa.
El economista fue claro sobre el riesgo: si los bancos prestan masivamente los dólares y luego los ahorristas quieren retirarlos, el sistema necesita respaldo suficiente para responder. Sin reservas y encajes adecuados, una expansión del crédito en moneda extranjera puede transformarse en un problema de liquidez y confianza.
Aun así, no descartó el uso de esos fondos. Glustein consideró que Argentina debe empezar a pensar en mecanismos para volcar dólares al crédito hipotecario, al crédito productivo, a empresas y a clientes que puedan repagar en condiciones sostenibles, pero insistió en que ese proceso debe ser gradual, regulado y compatible con la capacidad real del sistema para responder ante retiros.
Durante la entrevista, también fue consultado por la propuesta de Domingo Cavallo de mirar modelos como Perú y Uruguay, países con mayor disponibilidad de financiamiento en moneda extranjera. Glustein respondió que no se pueden trasladar esos casos de manera mecánica a la Argentina, porque se trata de economías con estructuras diferentes. “Somos dos países diferentes”, afirmó, especialmente al referirse a Uruguay.
Sobre Uruguay, explicó que el sector financiero ocupa un lugar particular dentro de su economía y que no se trata de un modelo fácilmente comparable con Argentina, donde la historia de crisis bancarias, restricciones cambiarias y pérdida de confianza obliga a actuar con mayor cuidado. También señaló que Perú tiene una economía más dinámica en ciertos aspectos, pero con una estructura social y productiva distinta.
El economista marcó una diferencia fuerte con la experiencia argentina de los años 90. Sostuvo que el antecedente más importante no está en copiar lo que hacen otros países, sino en mirar lo ocurrido durante la gestión de Cavallo. “Parte de la problemática de la década de los 90 es que se permitió utilizar el dólar como si fuera el peso”, señaló.
Según Glustein, aquel esquema no tuvo suficientemente en cuenta reservas, encajes ni capacidad de repago. Esa experiencia dejó una advertencia: prestar en dólares sin respaldo sólido puede generar un quiebre del sistema si cambia el humor financiero o si los depositantes buscan retirar sus fondos. Por eso, aunque la idea de ampliar el crédito en moneda extranjera puede ser útil, no debería implicar prestar la totalidad de los depósitos.
Glustein también analizó la intención del ministro Luis Caputo de modificar o reforzar la ley de inocencia fiscal. Según el economista, esta discusión forma parte del mismo problema de fondo: la falta de confianza de los ahorristas en que las reglas se mantendrán en el tiempo. Si quienes ingresaron fondos temen que un futuro gobierno cambie las condiciones, aplique sanciones o cree impuestos retroactivos, difícilmente vuelquen sus dólares al sistema de manera estable.
El analista interpretó que Caputo busca blindar los efectos de esa norma frente a un eventual cambio político. “El ministro Caputo quiere securitizar los intereses de la ley de inocencia fiscal, sabiendo que puede venir otro gobierno y cambiar las reglas del juego”, explicó. En su visión, el objetivo sería dar garantías a quienes regularizaron o declararon fondos para que no sean castigados posteriormente.
Glustein remarcó que hace falta un consenso político amplio. Sostuvo que tanto el oficialismo como la oposición deberían aceptar que lo aprobado ya está y mirar hacia adelante, sin volver a penalizar a quienes ingresaron dólares al sistema bajo determinadas condiciones. “No podés volver a penalizar a quien te puso sus dólares a sabiendas de que el sistema es confiscatorio para luego volver a confiscarlo”, advirtió.
Para el economista, Argentina no puede vivir de blanqueos permanentes ni de leyes de inocencia fiscal reiteradas. En lugar de parches sucesivos, planteó que el país necesita un sistema tributario más eficiente y una reforma fiscal de fondo que reduzca incentivos a la informalidad.
El cierre del análisis de Glustein apuntó a un problema recurrente de la economía argentina. Cuando el sistema impositivo se percibe como excesivamente gravoso o confiscatorio, muchos contribuyentes buscan mecanismos para mantenerse fuera del circuito formal. Luego, el Estado intenta recuperarlos mediante blanqueos o regímenes especiales, pero eso no resuelve la causa del problema.
Por eso, el economista consideró que la ley de inocencia fiscal puede ser positiva si ayuda a consolidar confianza, pero no debería reemplazar una reforma más profunda. “Yo iría más por una reforma tributaria más que por una securitización del sistema”, señaló. La frase resume su postura: blindar reglas puede ayudar en el corto plazo, pero la solución estructural pasa por un esquema impositivo más simple, previsible y razonable.