El conflicto gremial en ARBA paralizó gran parte de las operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires durante dos meses. Con un acuerdo en marcha, el sector espera una normalización progresiva a partir de mayo.
Hace dos meses que Florencia reservó una casa para comprar en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Vendió su PH en CABA pero tuvo que mudarse a la casa de sus padres porque la ilusión de mudarse a su nuevo hogar con sus hijos se desvaneció rápidamente: aunque la propiedad está reservada, todavía no pudo escriturar ni tomar posesión. Este caso no es aislado. Se trata de un conflicto que comenzó hace aproximadamente dos meses y que afecta a gran parte de las operaciones inmobiliarias en la Provincia.
El origen del problema es una disputa gremial de ARBA, que derivó en jornadas reducidas de trabajo, específicamente en el área de Catastro, el organismo encargado de verificar que las medidas de los inmuebles coincidan con la documentación correspondiente. “Los trabajadores de Catastro, nucleados principalmente en ATE, vienen realizando retención de tareas, asambleas y medidas de fuerza por reclamos salariales y laborales”, explica Fabián Narvaez, dueño de la inmobiliaria homónima. Según detalla, el principal problema es que no están emitiendo ni aprobando en tiempo y forma los estados parcelarios e informes catastrales, documentación indispensable para poder escriturar una propiedad.
Sin esos certificados, los escribanos no pueden avanzar con la firma de las operaciones. Al verse afectado el primer eslabón del proceso de escrituración, se retrasó toda la cadena. En el sector aseguran que el impacto es significativo. “Es un desastre: hace 60 días que está frenado gran parte del mercado de operaciones”, indica Diego Cazes, director general de LJ Ramos, quien advierte que la situación afecta a múltiples actividades vinculadas al real estate. Entre las operaciones perjudicadas aparecen: “Están saliendo muy pocas escrituras, menos de 20 por día, lo que provoca una demora enorme”, explica Daniel Salaya, dueño de la inmobiliaria homónima.
Según explica, el problema se vuelve aún más complejo en las operaciones encadenadas, en las que intervienen varias propiedades. Sin embargo, el inmobiliario hace una aclaración importante: no todas las escrituras necesitan el estado parcelario, ya que solo es necesario en inmuebles con superficies descubiertas como lotes, construcciones sobre lotes, casas, o departamentos con terrazas. “Las operaciones inmobiliarias se suelen resolver en 30/45 días y ya que durante 30 no haya habido cédulas catastrales te genera un cuello de botella, que retrasa mucho”, explica Máximo D’Aria, director de D’Aria Propiedades, quien agrega que hasta que el organismo opere con normalidad nuevamente —y ya no haya la acumulación de operaciones— necesitan un mínimo de cuatro meses.
En números, el experto ejemplifica: en un mes normal en la Provincia pueden haber entre 15.000 y 19.000 operaciones. Ahora, hay 19 por día, “es una diferencia abismal”. Otro conflicto se da en las operaciones encadenadas que incluyen inmuebles de CABA y de la Provincia. “Cuando una persona vende una propiedad en Provincia para comprar en la Ciudad, al vendedor de Capital le cuesta entender el problema del comprador que viene de Provincia. Ahí es donde las inmobiliarias tienen que intervenir para mediar”, comenta Salaya, y agrega: “Es un tema cruel en el que hay que buscar soluciones para que las familias no se queden en la calle”.
Las demoras generan que muchas operaciones queden abiertas y se pospongan en el tiempo. Incluso, hay casos en los que los compradores desisten. “Es una traba importante en un mercado que viene complicado y en el que las operaciones avanzan con baja velocidad”, sostiene Cazes, y advierte que el cliente puede “enfriarse” y abandonar la compra. Esta visión es compartida por el escribano de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Rizzo, quien indica: “Las operaciones fueron afectadas de forma casi total, no se pueden prácticamente firmar, y muchas operaciones quedaron en el aire”. A su vez, agrega: “Nos vemos inmersos en una situación que nos es totalmente ajena y de la cual no tenemos ni causa ni responsabilidad”.
Ante este escenario, las inmobiliarias comenzaron a buscar mecanismos para sostener las operaciones. Desde Narvaez explican que optan por firmar boletos de compra venta con plazos más largos o de manera preventiva, dejando inserto en dichos boletos una condición suspensiva que implique la posibilidad de prórroga. Aunque el conflicto se extendió durante casi dos meses, el jueves 7 de mayo se alcanzó un acuerdo, en el que los trabajadores se comprometieron a retomar sus tareas con normalidad, según afirmaron fuentes notariales consultadas por LA NACION. “Apenas se destrabó un poco la situación, ya nos llegó un estado parcelario de una operación”, indica Cazes. A su vez, desde el sector esperan que entre este jueves 14 y el viernes 15 de mayo se firme el acuerdo final. Sin embargo, advierten que la normalización no será inmediata debido al retraso acumulado. “Hay un compromiso interno de los empleados para trabajar a un ritmo mayor”, declaran. También destacan que hubo contacto permanente entre ARBA, el Colegio de Agrimensores y las inmobiliarias para coordinar la salida del conflicto.