La iniciativa busca cerrar litigios pendientes desde el default de 2001 con un desembolso de 171 millones de dólares y establece como fecha tope el 30 de abril para su aprobación parlamentaria.
El Gobierno nacional envió al Senado de la Nación el proyecto de ley para aprobar el acuerdo definitivo con los fondos buitre que mantenían litigios contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos. El acuerdo establece pagos por un total de 171 millones de dólares y fija un plazo límite para su tratamiento en el Congreso.
Según el texto oficial, el desembolso se divide en 67 millones de dólares para el fondo Bainbridge y 104 millones para el grupo liderado por Attestor. El Ejecutivo sostiene que logró una quita superior al 30% sobre los montos originalmente en disputa. El convenio establece como fecha límite el 30 de abril; de no ser aprobado antes, las transacciones caducarían y el país debería retomar los litigios en condiciones que el proyecto califica como “significativamente más gravosas”.
El entendimiento, alcanzado en marzo y formalizado ante la jueza Loretta Preska, involucra a dos grupos de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001 y contaban con sentencias firmes a su favor. En los últimos años, estos fondos lograron medidas de presión, como el embargo de 310 millones de dólares depositados en la Reserva Federal de Nueva York en 2025.
El acuerdo prevé un mecanismo de “entrega contra pago”: la Argentina cancela la deuda y recibe los títulos en litigio. Además, establece que los costos legales correrán por cuenta de los acreedores. Desde el Gobierno se remarca que la aprobación permitiría saldar esta deuda y desactivar los procesos de “discovery”, mediante los cuales los fondos solicitaban información sobre activos del país.
El envío del proyecto activa una negociación contrarreloj en el Congreso, donde el oficialismo necesita asegurar los votos para su aprobación. La agenda parlamentaria se presenta ajustada, con una sesión de alto voltaje prevista en Diputados para esta semana.
Expertos en litigios de deuda señalan que esta definición será una prueba del capital político que el Ejecutivo está dispuesto a invertir en un tema de peso reputacional. Si bien el impacto fiscal se considera marginal frente al total de la deuda, el riesgo de mantener abierto el frente judicial podría implicar costos mayores a mediano plazo.
Este litigio es un remanente de los procesos iniciados tras el default de 2001. En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, la Argentina acordó el pago de unos 9.300 millones de dólares a la mayoría de los holdouts, lo que permitió salir del default técnico. No obstante, un grupo minoritario de acreedores decidió continuar litigando.