Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la sentencia que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a Burford Capital. La decisión reactiva el análisis sobre los fundamentos legales del fallo.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. La decisión fue celebrada por diversos sectores políticos del país.
El tribunal, que ya había rechazado una medida cautelar de la jueza Loretta Preska, está integrado por tres magistrados nominados por presidentes demócratas. Denny Chin, autor de la opinión mayoritaria, nació en Hong Kong y fue designado por Bill Clinton y ascendido por Barack Obama. En su análisis, consideró que los estatutos de YPF no generaban obligaciones contractuales exigibles contra el Estado argentino según la ley local, basando su razonamiento en el derecho argentino.
Beth Robinson, nominada por Joe Biden, nació en Pakistán y se crio en Indiana. Su voto acompañó la línea de Chin, señalando que la jueza de primera instancia no interpretó adecuadamente la ley argentina.
José A. Cabranes, nacido en Puerto Rico y designado por Jimmy Carter, fue el único disidente y avaló el razonamiento original de Preska. Su posición podría servir de base para un eventual nuevo recurso del fondo Burford Capital.
El fallo reavivó debates sobre la influencia de factores políticos o una posible sensibilidad particular de los jueces, aunque la explicación central del tribunal se centró en una interpretación estricta de los aspectos legales y contractuales según la legislación argentina.