Un tribunal de apelaciones de EE.UU. revocó una millonaria condena contra Argentina. El fallo reaviva el debate sobre la expropiación de 2012 y los complejos antecedentes de la petrolera estatal.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena por más de 16.000 millones de dólares dictada contra la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La decisión judicial, que hizo lugar a los argumentos de la defensa argentina, generó reacciones políticas que destacan el logro de la recuperación de la empresa y el desarrollo de Vaca Muerta.
Los antecedentes de YPF, sin embargo, son objeto de análisis y controversia. En 2008, se concretó la venta del 25,46% de las acciones de YPF SA por parte de Repsol a las sociedades Petersen, controladas por Enrique Eskenazi. La operación, valorada en 3750 millones de dólares, se financió en gran medida con préstamos de la propia Repsol y un sindicato de bancos internacionales. Esta transacción fue posteriormente cuestionada en denuncias judiciales por presunto vaciamiento y administración fraudulenta.
Durante el período de gestión de Repsol y Petersen (2008-2011), YPF distribuyó dividendos por un monto total de 24.193 millones de dólares, mientras que las inversiones en exploración y desarrollo habrían registrado niveles bajos. Este contexto, sumado a políticas de precios y retenciones, contribuyó a un escenario de desabastecimiento energético que llevó al país a importar combustibles por valores significativos.
Ante las dificultades para atraer inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta, en 2013 el gobierno argentino firmó un acuerdo con la empresa Chevron. En 2012, el Estado nacional dispuso la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
Las denuncias judiciales por los manejos en YPF anteriores a la expropiación, presentadas por la diputada Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli, se encuentran radicadas en el juzgado de Ariel Lijo desde 2006. La causa, que acumula casi dos décadas, aún no ha avanzado a etapa de juicio, a la espera de respuestas a exhortos internacionales, según ha informado el magistrado.
La reciente resolución del tribunal neoyorquino pone un punto final a uno de los capítulos legales internacionales derivados de la expropiación, mientras que el debate sobre el pasado, presente y futuro de YPF continúa en el ámbito político y económico nacional.