La catedrática Helen Legido Quigley presentó en Nueva York el informe de la comisión PRIME, elaborado durante tres años con más de 800 especialistas. El trabajo relevó información cuantitativa y cualitativa sobre vulnerabilidades y grupos afectados en 20 países, y formuló recomendaciones para futuras pandemias.
Helen Legido Quigley, catedrática de Ciencias de los Sistemas de Salud en el Imperial College London y en el George Institute for Global Health, presentó este martes en Nueva York el informe de la comisión PRIME (Preparación ante pandemias mediante instituciones, movilización de comunidades y equidad). El trabajo, coordinado durante tres años, reunió a más de 800 especialistas en distintas disciplinas y relevó información cuantitativa y cualitativa sobre las principales vulnerabilidades y los grupos más afectados durante la pandemia de Covid-19 en 20 países.
La investigación fue fruto de una comisión experta entre la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y la revista médica The Lancet. La presentación del informe se realizó como evento paralelo de la Semana de Alto Nivel de la 81º Asamblea de las Naciones Unidas, que sesiona desde el martes en Nueva York.
En diálogo con LA NACION, Legido Quigley explicó que el informe propone “una visión de 360º: integral, abarcativa, que no deje aspectos afuera”. Señaló que, a diferencia de informes previos, el foco no estuvo en planes, capacidades técnicas o cumplimiento de normas, sino en la prevención y las respuestas. “Los sistemas de salud tienen que estar realmente conectados con la protección social, la participación comunitaria, con los mecanismos que permitan la reparación”, afirmó. Y agregó: “Una sociedad solo está preparada cuando puede protegerse en la práctica”.
Consultada sobre los grupos identificados como más vulnerables en cada país, la experta detalló: en China, residentes ancianos en zonas frías; en Inglaterra, familias que perdieron integrantes durante el Covid; en Etiopía, desplazados y comunidades afectadas por sequías; en India, personas expuestas al Covid y a fenómenos climáticos extremos; en Indonesia, personas en situación de calle; en Japón, mujeres que atienden “snack bars mama”; en Eslovenia, jóvenes de 18 a 24 años; en Líbano, profesionales de la salud en crisis; en México, comunidades indígenas; en Mozambique, mujeres de distintas edades; en Noruega, poblaciones LGBTIQ+; en Perú, trabajadoras domésticas; en Singapur, personas mayores; en España, trabajadores agrícolas migrantes; en Tanzania, trabajadores de la salud y personas mayores; en Tailandia, personas con discapacidad; en Turquía, trabajadores de salud; en Uruguay, personas en situación de calle; y en Estados Unidos, trabajadores agrícolas migrantes y grupos étnicamente minorizados.
Respecto de las dificultades más señaladas, Legido Quigley mencionó “las exclusiones administrativas”. Muchos encuestados manifestaron inseguridad de subsistencia: “no es que no quisiéramos cumplir las normas, es que necesitamos salir para comprar comida o para trabajar, porque no tenemos dinero”, relataron. También se identificaron problemas habitacionales, hacinamiento que impedía el aislamiento de enfermos, falta de conexión a internet y distancia a servicios sanitarios. “Un tema fundamental fue la pérdida de confianza en los gobiernos y en las instituciones y en la información. La confianza es un aspecto principal a recuperar”, sostuvo.
La Argentina no fue incluida en el estudio. Legido Quigley aclaró que fue “una razón práctica, no política”. De América Latina respondieron antes México, Perú y Uruguay. El objetivo era tener países de todas las regiones que contempla la Organización Mundial de la Salud y que representaran diversidad.
Sobre la posibilidad de una nueva pandemia, la experta afirmó que “están dadas las condiciones”. Citó modelos de la Lancet Commission on Investing in Health que estiman aproximadamente un 3% de probabilidad anual de una pandemia que cause al menos 25 millones de muertes, con una probabilidad a diez años del 23%. No obstante, aclaró que estas estimaciones tienen incertidumbre considerable y deben utilizarse para entender la magnitud, no como predicción exacta.
En cuanto a los planes inmediatos, indicó que el primer paso es poner en contacto a los miembros de cada comunidad que forman parte de instituciones de la sociedad civil con aquellos que diseñan políticas. También mencionó el “PRIME test”, creado para que cada funcionario, antes de decidir una política, se pregunte si lo que diseña protege a toda la población, asegura equidad para los vulnerables, creará confianza porque involucra a las personas y qué efecto tendrá en el trabajo, la vivienda y la educación.
Finalmente, sobre si una nueva pandemia es inevitable, respondió: “No se puede determinar. Sí se puede elegir de qué manera prepararse mejor”. Mencionó que la comisión trabajó con dos modelos comparando escenarios: uno en el que los países actúan en función de sus intereses y otro en el que cooperan. Ante una hipotética pandemia de gripe A, acelerar la producción de vacunas podría reducir la mortalidad en un 59%, de 58,5 millones a 23,9 millones de personas, aun si los países más ricos las recibieran primero. Distribuirlas de manera equitativa sin que dependa de la capacidad adquisitiva salvaría otros 2,7 millones de vidas más. Y recuperar la confianza pública en la aplicación de vacunas, 1,9 millones adicionales.