La Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) solicitó al Enacom y a otras autoridades abrir una instancia de consulta pública antes de extender las nuevas exigencias de certificación a los operadores privados. La Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad establece requisitos que podrían excluir a fabricantes chinos como Huawei y ZTE.
La Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC), que integra a operadores como Telecom y Claro, solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a otras autoridades competentes abrir una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones de ciberseguridad para los operadores privados.
El pedido se produce después de que el viernes pasado se publicara en el Boletín Oficial la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que exige a los fabricantes de equipos destinados a las infraestructuras críticas del Estado una certificación de seguridad estadounidense denominada SCS 9001, a la que empresas como Huawei y ZTE no pueden acceder debido a las restricciones impuestas por Washington.
La medida alcanza por ahora al sector público, pero la disposición le encomienda al Enacom evaluar la incorporación de esos requisitos a los procedimientos de homologación de equipos y a las obligaciones de los operadores privados. De avanzar en esa dirección, las restricciones podrían extenderse a buena parte del mercado de telecomunicaciones.
En ese contexto, la industria solicitó que las nuevas exigencias de seguridad se basen en estándares técnicos internacionales ampliamente reconocidos y aceptados, respeten el principio de neutralidad tecnológica y no generen barreras innecesarias para la inversión, la competencia, la expansión de la conectividad y la competitividad digital del país.
“La industria comparte plenamente el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes, infraestructuras estratégicas para el desarrollo del país. Las redes de telecomunicaciones argentinas cuentan con infraestructura de clase mundial, basada en arquitecturas que integran múltiples proveedores y tecnologías, sujetas a estándares y certificaciones técnicas internacionales reconocidas, así como a procedimientos de homologación y control por parte de las autoridades competentes”, señalaron desde ATVC.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la certificación SCS 9001, desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación privada estadounidense. Según explicaron desde el sector, ese estándar evalúa los procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro de los fabricantes, pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos.
“La protección efectiva de las redes requiere mecanismos complementarios de evaluación y la posibilidad de acreditar el cumplimiento mediante estándares internacionales reconocidos”, agregaron.
Por ese motivo, solicitaron al Enacom y a las demás autoridades competentes abrir una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones. El objetivo, señalaron, es garantizar criterios técnicos objetivos, neutralidad tecnológica y condiciones razonables de implementación, con la participación de los operadores responsables de gestionar y proteger las redes.
Fuentes del sector consultadas por LA NACION señalaron que Huawei es un proveedor relevante para toda la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), aunque empresas como Telecom y Claro adoptaron una estrategia de diversificación de proveedores según la generación de la red y el segmento de clientes.
Según explicó el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier, Huawei mantiene una presencia importante en las redes de cuarta generación (4G) de Claro y Personal. Sin embargo, ambos operadores diseñaron sus redes de quinta generación (5G) sobre tecnología de Nokia y Ericsson, precisamente para reducir su exposición a las restricciones impulsadas por Estados Unidos contra los fabricantes chinos.
De esta manera, una eventual extensión de los nuevos requisitos al sector privado podría afectar las inversiones en un mercado que necesita continuar ampliando sus redes y avanzar en el despliegue de la tecnología 5G.