El Poder Ejecutivo firmó el Decreto 770/2026, publicado en el Boletín Oficial, que precisa las funciones y la estructura del Registro Nacional de Armas, organismo que controla armas de fuego y materiales regulados en Argentina. La norma profundiza la transformación dispuesta por el Decreto 445/2025.
El Registro Nacional de Armas (RENAR) atraviesa una nueva etapa de reorganización. El 20 de agosto de 2026 el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 770/2026, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial, que precisó las funciones y la estructura del organismo encargado de controlar las armas de fuego y otros materiales regulados en la Argentina. El decreto no implica la creación del RENAR, ya que su transformación desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) se había dispuesto mediante el Decreto 445/2025. La nueva norma avanza sobre esa estructura, define sus objetivos y establece cómo será conducida.
El RENAR queda consolidado como la autoridad responsable de registrar, autorizar, controlar y fiscalizar prácticamente toda la actividad civil relacionada con armas, municiones, pólvoras, explosivos y otros materiales controlados. Eso comprende fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, importación, exportación, almacenamiento y destrucción. La excepción es el armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas.
Sus funciones van más allá de los trámites habituales de un legítimo usuario. El organismo también deberá intervenir en la prevención del tráfico ilegal y la violencia armada, colaborar en investigaciones, realizar inspecciones, administrar depósitos, producir estadísticas, mantener sistemas nacionales de información y analizar la legislación vigente para eventualmente proponer modificaciones (artículo 3°).
Conducción con rango político
La conducción también queda claramente definida. El RENAR estará a cargo de un Director Ejecutivo con rango de secretario de Estado, asistido por un Subdirector Ejecutivo con rango de subsecretario. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional (artículo 4°). El Decreto 770, sin embargo, no modifica por sí solo todos los requisitos que afectan a quienes poseen o adquieren armas. La Credencial de Legítimo Usuario (CLU), las tenencias, las portaciones y determinados materiales especialmente regulados dependen de un conjunto más amplio de leyes, decretos y resoluciones. Y es justamente allí donde aparecen varios de los cuestionamientos que plantean los usuarios.
Acreditación de medio lícito de vida
Uno de ellos se relaciona con la acreditación de un medio lícito de vida. La actual CLU Digital continúa contemplando esa comprobación, aunque el sistema permite verificarla mediante el cruce de información con bases oficiales. Es decir, más que desaparecer el requisito, cambió la manera de acreditarlo. El problema señalado por algunos usuarios aparece cuando esa validación automática no resulta suficiente o surgen nuevas exigencias durante otros trámites, particularmente al intentar registrar la adquisición de un arma. La crítica apunta, entonces, a lograr procedimientos uniformes y previsibles.
Armas semiautomáticas
Otro punto sensible es el régimen de determinadas armas largas semiautomáticas. El Decreto 64/95 había prohibido para los legítimos usuarios la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles, derivadas del uso militar y de calibre superior al .22 LR. En 2025, el Decreto 397 reemplazó esa prohibición general por un régimen de autorización especial. No significa que esas armas hayan quedado liberadas: pueden ser autorizadas individualmente, siempre que el interesado cumpla las condiciones establecidas por el RENAR.
Requisitos para la autorización especial
La Resolución 37/2025 detalló esos requisitos. Entre otros puntos, se exige identificar el arma, acreditar determinadas condiciones de guarda, presentar una declaración jurada y demostrar la práctica deportiva. También se contempla una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de Uso Civil Condicional. Desde una mirada crítica, el cambio quedó a mitad de camino: se eliminó una prohibición prácticamente general, pero se mantuvo un procedimiento que depende de antecedentes deportivos y de una posterior evaluación administrativa. Esto puede generar además un problema comercial. Si una persona compra el arma antes de obtener la autorización y luego el trámite es rechazado, puede surgir una controversia respecto de la devolución del dinero. Por eso conviene acordar previamente con el comercio qué ocurrirá si la autorización no es concedida.
Límite de armas
Otro reclamo frecuente se refiere a la supuesta aplicación práctica de límites a la cantidad de armas que un usuario puede incorporar a su legajo: se mencionan dos similares por mes y un máximo de 12 por año. La Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 regula categorías y condiciones de adquisición y tenencia, pero no establece un límite general de 12 armas anuales para un legítimo usuario. Por eso, si en determinados trámites se están aplicando criterios administrativos de este tipo, la crítica es que deberían encontrarse claramente reglamentados y publicados.
El tema cobra especial relevancia en herencias, colecciones o transferencias de varios materiales. Incorporar varias armas simultáneamente a un legajo no significa necesariamente que exista una sucesión irregular de compras. De hecho, el RENAR ha implementado recientemente procedimientos específicos para facilitar la registración de armas provenientes de sucesiones.
Portaciones
Continúa siendo uno de los temas más discutidos. En agosto de 2026 se establecieron nuevos requisitos para solicitar la portación de armas de guerra. Actualmente se exige, entre otras condiciones, mantener vigente la condición de legítimo usuario, tener registrada el arma, carecer de antecedentes penales, acreditar aptitud psicofísica, aprobar una evaluación específica de idoneidad y demostrar un medio lícito de vida. Cumplir estos requisitos, sin embargo, no significa obtener automáticamente la portación. La normativa mantiene una evaluación integral de cada caso y la intervención de una Comisión de Portaciones y Sanciones, que debe emitir un dictamen previo y fundado.
La crítica allí es que se considera que el cumplimiento de requisitos objetivos y la aprobación de los exámenes deberían tener mayor peso para reducir el margen de evaluación discrecional de la administración. Por lo tanto, la discusión actual ya no pasa por la inexistencia de un examen –porque lo hay– sino por el peso que tiene esa evaluación técnica frente al análisis posterior del organismo.
Información histórica y sistemas digitales
Finalmente aparece un problema menos visible, pero conocido por quienes realizan trámites desde hace años: la convivencia entre información histórica y los nuevos sistemas digitales. El RENAR avanzó con herramientas como MiRENAR, la CLU Digital y procedimientos electrónicos de transferencia. También continúa vigente el CUIM, Código Único de Identificación de Material, utilizado para individualizar las armas registradas. Lo correcto sería avanzar hacia una base registral única que integre correctamente la información histórica con los registros digitales actuales. En este punto existe una coincidencia interesante con el propio Decreto 770/2026, que incluye entre los objetivos del RENAR la actualización de un banco nacional informatizado de datos.
La reorganización, por lo tanto, está lejos de limitarse a un cambio de nombre u organigrama. Durante los últimos dos años se modificaron estructuras, se digitalizaron trámites y se revisaron procedimientos de tenencia, transferencia y portación. Para el legítimo usuario, sin embargo, el resultado se medirá de una manera mucho más concreta: cuánto demora un trámite, qué documentación debe presentar, qué criterios utiliza el organismo y, fundamentalmente, si esas reglas son públicas, uniformes y previsibles. El RENAR ya tiene buena parte de su nueva estructura definida. Ahora resta comprobar cómo funciona en la práctica.