La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María obtuvo 10.593 votos y representará a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En la entrevista, se refirió a la politización de los comicios, al acceso democrático a la Justicia y al funcionamiento del organismo.
El 20 de octubre pasado los abogados de todo el país con matrícula federal votaron a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En una de las cuatro sillas de su futura conformación se sentará la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Itatí Demarchi Arballo, cuya lista captó 10.593 sufragios.
Las restantes estarán ocupadas por Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, del espacio denominado “Unidad en Defensa de la Abogacía”, un armado que tuvo por detrás a Daniel Angelici y que en Córdoba tuvo a Eduardo Bittar, presidente del Colegio de la Capital como tercer candidato. Obtuvieron 11.237 votos.
La cuarta será para Fernando Levene de Abogacía Federal, espacio del peronismo con presencia del llaryorista Juan Manuel Aráoz como suplente, con referencia en el expresidente del Colegio, Ignacio Segura. La lista fue votada por 8.373 abogados.
Los libertarios no consiguieron ningún escaño, quedaron en el último puesto.
Demarchi ganó en 44 de los 75 colegios profesionales de todo el país.
En la entrevista con Perfil CÓRDOBA señala que en la ciudad de Córdoba mantuvo un perfil bajo porque la disputa quedó entrampada entre las aspiraciones de Bittar y el llaryorismo.
—¿Qué debe mejorar en el Consejo de la Magistratura?
—Tiene que abrirse a la abogacía, a la ciudadanía. Cuando hablamos del Consejo de la Magistratura pareciera que estuviéramos hablando del Lejano Oeste, un tema exótico, cifrado. Sin embargo por ahí pasa la designación, la sanción y en último caso la remoción de los jueces federales en cuyos despachos se resuelven las causas más irritantes para la sociedad. Desde el contrabando, el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas hasta los reclamos de los adultos mayores que no llegan a fin de mes porque tienen que invertir sus magros jubilaciones en medicamentos que Pami no les otorga o de las personas con discapacidad que presentan amparos para hacer su vida un poquito más digna.
—¿Cuál es su diagnóstico sobre la causa de esa opacidad?
—Lo integran 20 personas. La elección de los estamentos siempre ha sido una elección de poca difusión y eso hace que sea la elección de unos pocos.
—Señala que no hubo gran difusión; sin embargo, en Córdoba se desplegó una campaña con cartelería casi al nivel de una elección provincial.
—Hay una foto de Córdoba y otra nacional. En Córdoba, claramente, hubo una bifurcación de dos espacios con propuestas fuertemente difundidas y disputadas. Acá se jugó otro partido. El presidente de un colegio y el Gobierno provincial apoyando fuertemente a un candidato hicieron que en la elección se hablara de eso más que del Consejo de la Magistratura.
—¿Por qué le interesó tanto esta elección al poder político?
—Córdoba tenía especial interés en tener un representante en el Consejo de la Magistratura. Quizá no se dieron las conversaciones que debieron existir previamente, con la claridad necesaria. Cuando falta claridad, pasan estas cosas. Mi perfil era muy bajo. Me dediqué a recorrer el país porque vi que en Córdoba se jugó un partido entre dos listas donde la competencia se desbordó.
—Actualmente, en la agenda del Consejo hay temas calientes referidos a esta provincia: cobertura de vacantes y camaristas con graves denuncias; ¿cree que esas circunstancias son las que potenciaron la politización de la elección de los abogados?
—El interior durante mucho tiempo fue relegado y desplazado de los lugares del Consejo de la Magistratura. Al mismo tiempo se sabe que todas las decisiones, como cobertura de vacancias o temas disciplinarios de jueces y camaristas, no dejan de depender de 20 integrantes del consejo. Yo voy en representación de abogados litigantes. Lucharé para que cada uno de los juzgados que tienen que ser integrados en Córdoba y en todo el país, haya igualdad de oportunidades para las y los abogados litigantes. Hoy existe una desigualdad absoluta.
—¿Qué piensa sobre el acceso democrático a la Justicia? Una ley que la Corte ni el Consejo de la Magistratura jamás reglamentaron y tiene más de una década.
—Es una locura de la misma manera en que hay una acordada que le da más importancia a las entrevistas que a la prueba escrita y a los antecedentes, que es todo lo que un candidato a juez hizo en su vida. Postulantes que acrediten escritos perfectos y buenos antecedentes y van a una entrevista de cinco minutos, esto no es ficción, es real, de los cuales tres minutos se habló de un partido de fútbol. Y de repente el candidato que estaba en el lugar 23 le gana al que estaba en el primer lugar. Urge que la entrevista pierda poder frente a la prueba escrita y los antecedentes.
—¿Cree que es superador el proyecto de los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, para modificar el sistema de concursos? Cuando fue tratado en el Consejo, varios jueces lo criticaron.
—Tiene muy buenas intenciones, pero le falta profundizar en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de evaluar las tareas de cuidado como una compensación vinculada a la desigualdad sociocultural entre las mujeres y los varones para acceder a ciertos cargos, creo que faltó más contenido. Quizás los consejeros quisieron evitar que quedara en un eslogan. Habría que trabajarlo un poco más para que, efectivamente, genere un cambio sociocultural y un beneficio hacia la igualdad de oportunidades.
—¿Hay una corporación de jueces que resisten los cambios?
—El Consejo se renueva por completo. Creo que con la sanción al juez (Carlos) Goggi, a quien se le redujo el 35% de su remuneración por haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de la ley arancelaria la 27.423, que es el crédito alimentario de los abogados, se está empezando a gestar un nuevo Consejo de la Magistratura que entiende distinto a la abogacía, que dejó hace mucho tiempo de ser elitista, burguesa. Hay abogados que manejan Uber, que están en los cajeros de los supermercados. No hablaría de la corporación de la magistratura, para que no paguen justos por pecadores. Habrá nuevos integrantes del Consejo y una nueva agenda.
—¿Qué opinión tiene de los casos de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi?
—Nos comprenden las generales de la ley y juraré en breve como consejera. Además, no tengo acceso a las causas. Sería irresponsable de mi parte hablar de cuestiones que probablemente deba resolver cuando asuma.
—¿Qué opina del funcionamiento de la Justicia Federal de Córdoba?
—Ha tenido pronunciamientos importantísimos sobre honorarios profesionales y fallos señeros sobre reajustes jubilatorios. De todos modos, tiene que rever un poco más el tema de la intangibilidad de los honorarios profesionales, el derecho de los abogados de recusar al juez cuando así lo consideran.
—La observo totalmente enfocada en la agenda de los abogados.
—Voy para eso. Soy la representante de la abogacía de todo el país.
—Sí, pero también es un órgano colegiado que define quiénes serán los futuros jueces o si alguno debe ser destituido.
—Sí, desde la óptica de la abogacía siempre. En un sistema democrático no hay que confundir las cosas. Tengo que opinar desde la abogacía sobre todos los temas.