El legislador delasotista Bernardo Knipscheer anunció que se abstendrá si el proyecto que promueve el apartamiento preventivo de Alejandra Ferrero llega al recinto. La comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General aprobó el despacho con mayoría oficialista, habilitando su tratamiento en la sesión de este jueves.
El legislador Bernardo Knipscheer (PJ) anticipó que se abstendrá si el despacho que promueve el apartamiento preventivo de la jefa del bloque radical, Alejandra Ferrero, llega al recinto. La postura del titular de la comisión de Asuntos Constitucionales se conoció antes de la sesión prevista para este jueves.
“Creo que mañana, si esto se trata en el recinto, no va a haber un ganador”, declaró Knipscheer. “No voy a hacer consideraciones con respecto a la conducta de los legisladores, pero mi voto va a ser la abstención de este proyecto de este despacho si la decisión es llevarlo al recinto”, anunció.
El plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Knipscheer, junto a Legislación General, a cargo de Victoria Busso, aprobó con mayoría oficialista el despacho de la iniciativa impulsada por Leonardo Limia (PJ). El proyecto propone el apartamiento preventivo de Ferrero por el caso Ludueña y quedó habilitado para ser incorporado a la orden del día de la sesión de este jueves.
Limia sostuvo que “la responsabilidad institucional adquiere credibilidad cuando el criterio utilizado frente a un adversario conserva su vigencia frente al propio espacio”. El oficialista aludió al reclamo opositor para que Ramón “Cañito” Flores dejara su banca y afirmó: “Resulta razonable que la legisladora Alejandra Ferrero adopte un apartamiento preventivo permitiendo que las circunstancias vinculadas con el agente Omar Manuel Ludueña sean suficientemente esclarecidas por la justicia”.
El arco opositor rechazó la comparación entre ambos casos y el procedimiento elegido. Gregorio Hernández Maqueda cuestionó la legalidad de la iniciativa y sostuvo que una medida de esa naturaleza requeriría una cuestión de privilegio y dos tercios del cuerpo, una mayoría que el PJ no reúne. “Denunciamos un golpe contra una autoridad constitucional, electa por el pueblo. No están respetando los debidos procesos”, afirmó. Y amplió: “Esta causa es mayor a la banca personal de Ferrero. Es proteger el derecho a ser oposición política en Córdoba, a impedir que exista un pensamiento único. Esta causa es por la libertad”.
La radical Daniela Gudiño defendió la actuación de Ferrero: “Ferrero actuó como debía frente a una situación grave”. Además, dijo: “Parecen el kirchnerismo en su mejor momento”.
Brenda Austin (UCR) reinstaló el caso Flores y cuestionó los antecedentes de asesores vinculados con el exlegislador. “No veo qué no hizo Ferrero”, sostuvo, y afirmó que el despacho oficialista “no tiene ningún efecto”. La radical recordó que Flores había designado asesores con antecedentes penales y condenas firmes, y le reprochó a Limia: “Vos lo defendiste a Flores”. También acusó a los peronistas de “encubrir” a otros dirigentes, entre ellos Martín Gill. La schiarettista Julieta Rinaldi la cruzó: “Tené cuidado con lo que decís”. Austin insistió en que los dos casos no son comparables y afirmó: “Lo encubrieron a Flores” y “No encubrimos pedófilos”.
El juecista Walter Nostrala rechazó la ofensiva del PJ y la vinculó con la disputa anterior por Flores. “Se han quedado enojados por lo de Flores”, disparó. “No metemos a todos en la misma bolsa”, reclamó, y fustigó: “Quieren manchar a todos”. Así, devolvió el golpe: “No estamos todos sucios”. Para el legislador del Frente Cívico, llevar el proyecto al recinto solo profundizará la confrontación. “Es llevar esto al recinto para que haya más mugre”, cuestionó. También acusó al oficialismo de actuar por “un capricho de un grupo de legisladores del PJ” y advirtió: “Van a montar un show”. Su pedido fue que retiren la iniciativa: “No nos tiren más mugre”.
Oscar Agost Carreño cuestionó la falta de una conducta concreta atribuida a Ferrero y reclamó que se identifique qué norma habría vulnerado. En lugar de profundizar el enfrentamiento, propuso buscar una salida política y establecer protocolos para evitar que situaciones similares vuelvan a afectar la institucionalidad legislativa.
Viviana Martoccia (Frente Cívico) calificó la iniciativa como un acto de “violencia política” y denunció: “Es una represalia política, es una venganza”. Noelia Agüero (FIT-Unidad) defendió el accionar de Ferrero de informar la situación a las autoridades de la Legislatura. “Hizo lo que yo hubiera hecho”, aseguró, y atribuyó la embestida a una “caza de brujas” contra la radical por ser mujer y presidir la bancada opositora.
El vecinalista Gerardo Grosso se quejó de que el expediente acapare la atención en el recinto mientras siguen pendientes otros debates: “Hace 45 días que no le damos leyes a los cordobeses”, reclamó.
Tras el plenario de comisión, el llaryorista Abrahan Galo insistió en la crítica del peronismo a la “doble vara” de la UCR para luego impulsar la votación del despacho del proyecto de Limia, que finalmente salió con los votos de la mayoría oficialista. Así, pese a la advertencia de Knipscheer, el PJ mantuvo en pie la estrategia de llevar el conflicto al recinto.