Montse Mínguez, dirigente del PSOE en el Parlamento, defendió medidas para limitar a los grandes propietarios y combatir los desahucios. Un medio difundió que su marido posee cuatro empresas de construcción de edificios para alquiler y unos 30 emprendimientos inmobiliarios en Argentina.
La campaña política en España quedó atravesada por una polémica que involucra a Montse Mínguez, una de las voces destacadas del PSOE en el Parlamento. Mínguez defendió recientemente medidas para limitar la actividad de los grandes propietarios inmobiliarios y combatir los desahucios.
Según explicó Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, un medio de comunicación difundió que el marido de la dirigente posee cuatro empresas dedicadas a la construcción de edificios destinados al alquiler y acumula varios procedimientos de desahucio. Además, tendría alrededor de 30 propiedades y emprendimientos inmobiliarios en Argentina, entre ellos un desarrollo de más de diez edificios en Tigre.
“Lo que se llevó toda la noticia de la campaña fue un problema de relato”, sintetizó Molina, al explicar por qué el caso generó repercusiones políticas.
La controversia surgió después de que Mínguez defendiera públicamente el derecho a la vivienda y la necesidad de limitar a los grandes propietarios. Sin embargo, al ser consultada en televisión sobre las actividades inmobiliarias de su marido, reconoció que se trataba de una empresa familiar y sostuvo que operaba dentro de la legalidad.
Molina aclaró que “no es nada ilegal lo que hace el marido, es absolutamente legal, está permitido, las empresas están blanqueadas, paga los impuestos”. El problema, señaló, no radica necesariamente en una infracción legal, sino en la contradicción entre las posiciones políticas de la dirigente y la actividad económica de su entorno familiar.
En ese sentido, el periodista resumió el cuestionamiento: “Por un lado, está votando, está defendiendo, y está alegando una cosa, pero después, en su vida personal, en su familia, ella vive puntualmente de alquilar departamentos a un montón de gente”.
El episodio se produce en un contexto de dificultades crecientes para acceder a una vivienda en España. Durante la entrevista se mencionaron datos del sector inmobiliario según los cuales el 78% de las inmobiliarias consultadas había recibido pedidos para retirar propiedades de alquiler, mientras que el 57% de las viviendas que estaban en alquiler había sido puesta a la venta y retirada de esa oferta.
Para Molina, la polémica también puede tener consecuencias dentro del PSOE. Según relató, algunos integrantes del partido comenzaron a plantear si Mínguez debía renunciar, aunque consideró que una salida en plena campaña sería políticamente compleja.
“Probablemente no renuncie porque sería tremendo renunciar en plena campaña, pero ya es algo, digamos, como que es una persona menos probablemente para los actos y para la campaña”, concluyó.