El Tribunal Oral en lo Federal N° 3 de San Martín debe homologar el acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa del destituido juez Martín Poderti, procesado por la sustracción de 144 monedas de oro valuadas en 200.000 dólares.
El destituido juez federal Martín Poderti podría recibir una pena de tres años de prisión en suspenso si el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 3 de San Martín homologa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y su defensa. La causa investiga la desaparición de 144 monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares, que estaban en una caja de seguridad de una sucursal del Banco Nación y que habían sido secuestradas en el marco de una investigación por narcotráfico cuando Poderti se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.
El acuerdo de juicio abreviado fue firmado este [fecha de la audiencia] en una audiencia en la que estuvo presente Rodolfo Tamborini, propietario de las monedas sustraídas, quien prestó conformidad a la resolución del proceso. La defensa de Poderti está a cargo del abogado Gastón Marano, y el fiscal federal Eduardo Codesido representó al Ministerio Público Fiscal.
En el juicio abreviado, el imputado acepta su responsabilidad, lo que implica un reconocimiento de los hechos y de la culpabilidad. La pena acordada entre la fiscalía y la defensa es el tope que el tribunal puede imponer si considera que la evidencia reunida confirma la culpabilidad.
Poderti había llegado a ser juez del Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, pero fue destituido como magistrado el 18 de diciembre pasado, cuando un jurado de enjuiciamiento determinó, por mayoría, que ya no era acreedor de la confianza necesaria para continuar ejerciendo el cargo. “Este jurado considera que el doctor Poderti ha perdido la capacidad de ser depositario de la credibilidad social”, se sostuvo en la sentencia, según informó oportunamente LA NACION.
Un año antes de su destitución, Poderti había sido procesado por el delito de malversación de caudales públicos por el juez federal de San Martín, Emiliano Canicoba. Para el magistrado, existía “un cuadro de cargo suficiente para tener por acreditada, con el grado provisorio de esta etapa, la autoría y responsabilidad que en el suceso le cabe a Poderti”.
Dos meses antes, en octubre de 2024, el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, a cargo del expediente, había solicitado el procesamiento de Poderti. “Teniendo en cuenta el cuadro probatorio reunido en la causa, estima esta parte acreditado, más allá de toda duda razonable, que Poderti sustrajo las monedas de oro conforme se le imputa y que corresponde, por tanto, que el juzgado interviniente decrete su procesamiento”, había afirmado en su dictamen el representante del Ministerio Público.
Tras aquel procesamiento, ante una consulta de LA NACION, Poderti había dicho: “Voy a dar la batalla que tenga que dar. Es una decisión prematura [la resolución del procesamiento]. No hicieron ninguna medida probatoria de las que solicité”.
El faltante de las monedas fue detectado el 9 de abril de 2024, cuando Poderti ya cumplía funciones en el TOF de Mar del Plata. Como secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar. Durante la investigación, a partir de los registros de la entidad bancaria y filmaciones, se determinó que Poderti había ingresado 19 veces en el sector de cajas de seguridad. Durante el tiempo en que se desempeñó como secretario, fue la única persona que tuvo acceso a la caja de seguridad.
Al ser indagado, el 22 de agosto de 2024, Poderti sostuvo: “No tengo nada que ver con el faltante de las monedas y desconozco quién pudo haberlas tomado”.
Según el expediente judicial, las monedas de oro, que corresponden a cinco denominaciones distintas y con procedencia de distintos países, desaparecieron en una fecha incierta entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. Eran propiedad de Tamborini, que terminó absuelto por la Justicia en la causa por la cual se las habían incautado.
En su indagatoria, Poderti enumeró “las razones o motivos” por los que, afirmaba, no había cometido el robo por el que se lo acusaba. “En primer lugar, soy un funcionario honesto; lo he sido durante los 31 años de carrera judicial que tengo en mi haber. Me preparé durante todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que hoy ostento. Desde esa mirada sería absolutamente absurdo y casi burdo haber dejado evidencia que me conectaba directamente con ese robo. En segundo lugar, no hay ninguna explicación razonable por la cual alguien que tiene acceso a todas las monedas, si el objeto era robar, dejara algunas. No se explica robar una parte y dejar otra, entre las que se hallaban elementos de mayor valor como, por ejemplo, lingotes de oro, un reloj marca Rolex y algunos anillos”, dijo.
Tras la audiencia, y ante una consulta de LA NACION, el abogado Marcelo Rocchetti, que representa a Tamborini, prefirió reservarse la opinión sobre el acuerdo de juicio abreviado.