Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar, calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” los cargos contra compañías vinculadas con negocios en el archipiélago. La Justicia Federal de Río Grande ordenó a dos empresas abstenerse de continuar obras en el proyecto petrolero Sea Lion.
El Reino Unido rechazó las sanciones y acusaciones impulsadas por la Argentina contra empresas que desarrollan actividades en las Islas Malvinas y aseguró que respaldará a las compañías que operen en el archipiélago. La postura fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar del gobierno británico.
En un comunicado difundido este jueves por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico, Kumaran calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” los cargos contra empresas e individuos vinculados con negocios en las islas.
La funcionaria también cuestionó las medidas argentinas contra compañías que suministran bienes y servicios al archipiélago, tanto de manera directa como indirecta, y mencionó especialmente al sector de hidrocarburos.
Qué dijo el Reino Unido sobre las empresas que operan en Malvinas
Kumaran reiteró la posición de Londres sobre el territorio en disputa y sostuvo que las islas “son británicas”. También afirmó que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales del archipiélago en función de su autodeterminación.
Según la declaración británica, Argentina habría recurrido nuevamente a mecanismos de presión económica contra empresas e individuos relacionados con las Malvinas. Desde Londres sostuvieron que medidas similares aplicadas en el pasado no impidieron que la economía de las islas continuara creciendo.
El gobierno británico también cuestionó cualquier intento de utilizar mecanismos internacionales contra personas o compañías por realizar negocios con las Malvinas y aseguró que existen oportunidades comerciales para las empresas interesadas en operar en el archipiélago.
La declaración se conoció pocos días después de que Londres difundiera una guía titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, destinada a empresas que desarrollan actividades allí o que les suministran bienes y servicios.
El documento establece la posición británica frente a las acciones legales impulsadas por la Argentina contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
El conflicto por el proyecto petrolero Sea Lion
Uno de los principales puntos de tensión es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Argentina presentó denuncias penales contra cinco empresas vinculadas con el desarrollo del proyecto.
En su guía, el gobierno británico sostiene que la Argentina no tiene soberanía ni jurisdicción sobre las islas y considera que la legislación argentina no puede aplicarse sobre las compañías que desarrollan actividades dentro del archipiélago.
Además, Londres ofreció respaldo a subsidiarias y proveedores que pudieran verse afectados por medidas argentinas en terceros países y recomendó a las empresas involucradas buscar asesoramiento legal independiente.
La disputa también llegó a la Justicia argentina. El miércoles, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras relacionadas con Sea Lion.
La medida cautelar alcanza trabajos de perforación, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.
La respuesta de la Argentina
La Cancillería argentina había rechazado previamente la guía británica y expresó su “más enérgico rechazo” al documento. Además, convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregarles notas de protesta formal.
Desde el Gobierno argentino sostuvieron que las islas se encuentran “ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido” y cuestionaron las actividades comerciales e hidrocarburíferas que se desarrollan en el archipiélago.
En paralelo, el Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que busca reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659 de 2011.
La iniciativa amplía las restricciones que actualmente alcanzan a las actividades hidrocarburíferas y propone extenderlas a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en zonas que la Argentina considera bajo su soberanía.
El proyecto también contempla sanciones penales, multas, inhabilitaciones y restricciones para operar en el país. Además, propone crear un Sistema de Seguridad Nacional destinado a coordinar herramientas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia.