La Mesa de Trabajo Técnico sobre la Ley de Semillas acordó continuar las negociaciones para establecer qué productores quedarán exceptuados del pago por uso propio, en el marco de una posible reforma de la normativa vigente desde 1973.
La Mesa de Trabajo Técnico sobre la Ley de Semillas, integrada por entidades de la Mesa de Enlace y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), mantuvo una nueva reunión en la sede de ASA con el objetivo de avanzar en la discusión sobre qué productores quedarán exceptuados del pago por uso propio, que actualmente es gratuito por ley.
Según informó la Mesa de Enlace en un comunicado, durante el encuentro “se realizaron ejercicios concretos sobre las diferentes posturas y escenarios, evaluando alternativas para el uso propio gratuito en el marco de una ley de semillas reformada”. Además, se acordó “continuar trabajando en torno a la figura, las características y los detalles del productor exceptuado del pago por el uso propio”.
El debate se centra en la posibilidad de reformar la ley actual, sancionada en 1973, para incorporar el reconocimiento a la propiedad intelectual en semillas. La discusión abarca cultivos como la soja y legumbres de economías regionales, e involucra a empresas multinacionales como Bayer y BASF, firmas locales como GDM y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En el sector se indica que aún no hay un acuerdo global. El único entendimiento pleno hasta el momento es utilizar los deciles del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que funciona en la órbita de ARCA, como método de trabajo para calcular las hectáreas exceptuadas por cultivo. La propuesta original de la Mesa de Enlace de establecer 500 hectáreas de libre disponibilidad ya no está vigente.
Las partes coinciden en que la negociación es más sólida que en intentos anteriores, aunque requiere validación y consulta con las bases y empresas involucradas. En el comunicado, la Mesa de Enlace destacó que “la construcción de consensos se construye progresivamente y requiere un serio y profundo trabajo profesional e institucional”.
El Gobierno espera el resultado de esta negociación, ya que se comprometió ante Estados Unidos a enviar al Congreso un proyecto para la aprobación de la adhesión a UPOV-91, tratado internacional que otorga mayor reconocimiento a los obtentores por sus derechos en el germoplasma.