La Justicia estableció honorarios por casi 10 millones de dólares para doce letrados tras la caducidad de un juicio civil impulsado por Vialidad Nacional contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros acusados. El caso está a la espera de una resolución de la Corte Suprema.
Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia en un juicio civil contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros acusados, luego de que Vialidad Nacional no impulsara el proceso. Como consecuencia, el tribunal fijó los honorarios que el Estado deberá abonar a los abogados de las partes demandadas, por un monto total cercano a los 10 millones de dólares.
El juicio civil había sido iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández. Vialidad Nacional dejó caer el reclamo, lo que motivó que la Cámara diera por terminado el expediente. Los letrados de los acusados, que fueron absueltos en sede penal, solicitaron la regulación de sus honorarios.
El 14 de julio, la Cámara frenó el trámite de regulación a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso presentado por Vialidad Nacional para revertir la caducidad. Ante esa situación, el 4 de agosto los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante el máximo tribunal para solicitar el cobro de sus honorarios y manifestaron una “privación de justicia”.
El monto total en disputa asciende a 13.614 millones de pesos, equivalentes a casi 10 millones de dólares, distribuidos entre doce letrados. El abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, recibiría el mayor honorario: 3.714 millones de pesos, unos 2,42 millones de dólares, incluido un adicional del 40% por su función como apoderado.
La distribución de los honorarios, según el expediente, es la siguiente:
- Miguel Ángel Arce Aggeo: US$ 2.427.604
- Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora: US$ 1.213.802 cada uno.
- Luis Goldín: US$ 359.354
- Fernando Muriel: US$ 216.410
- Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti, Santiago Mauricio Perlo y Gabriel Alberto Domenech-Achetone: US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por defensa.
- Oscar Luis Vignale: US$ 866.320
La Corte Suprema debe decidir si confirma la caducidad o si revierte la decisión, lo que determinará si el Estado efectúa el pago de los honorarios.