La provincia de Córdoba anunció un conjunto de iniciativas que incluyen refinanciación de deudas, líneas de crédito para comercios y una nueva ley de promoción industrial. El costo fiscal estimado supera los 900.000 millones de pesos.
El gobierno de Córdoba presentó un paquete de medidas económicas orientadas a aliviar la situación de deudores particulares, comercios y pequeñas y medianas empresas (pymes). Las iniciativas fueron estructuradas por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía, Guillermo Acosta.
Alivio Cordobés
El programa ‘Alivio Cordobés’ busca asistir a más de 250.000 deudores. Según datos provinciales, en Córdoba hay 3,8 millones de cuentas de personas físicas, de las cuales 738.000 están en mora. El proyecto de ley fue aprobado por la Legislatura provincial.
Los beneficiarios deben ser residentes con al menos dos años de antigüedad, estar clasificados en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 31 de julio de 2026 y tener ingresos familiares que no superen los 10 salarios mínimos (aproximadamente 3,7 millones de pesos).
La medida unifica deudas corrientes (tarjetas y préstamos personales) en cuotas a plazos de entre 24 y 48 meses. La tasa nominal anual (TNA) se fija en 35%, mientras que el promedio del mercado es del 70%. Para compensar a las entidades financieras, la provincia otorga una alícuota del 0% en Ingresos Brutos sobre los intereses de estas refinanciaciones.
Córdoba Impulsa
El programa ‘Córdoba Impulsa’ se activó el 1 de septiembre. Incluye la modalidad ‘Cuotazas’: 6 cuotas sin interés con la tarjeta Cordobesa en más de 400 supermercados y farmacias. También se dispuso una línea de crédito de 20.000 millones de pesos del Banco de Córdoba (Bancor) para comercios, con montos de hasta 10 millones de pesos por comercio, destinados a capital de trabajo (salarios o stock). El financiamiento tiene plazos de hasta 36 meses y una tasa final del 33% TNA, subsidiada en 4 puntos por la provincia.
Ley de Promoción Industrial Unificada
En el Día de la Industria, Llaryora presentó el proyecto de Ley de Promoción Industrial Unificada, que reemplaza cuatro normas de los años 70. Para las pymes industriales, el Régimen Simplificado amplía el techo de facturación anual para acceder al beneficio de ‘Ingresos Brutos Cero’ (exención de IIBB) a 4.500 millones de pesos. Las empresas deben comprometerse a realizar una inversión en activos fijos equivalente al 1,20% de su base imponible de IIBB del ejercicio anterior. El mecanismo de aprobación será digital y automático.
El Régimen General ofrece exenciones impositivas de hasta 10 años (ampliables a 15 años en parques industriales o zonas postergadas del noroeste y sur provincial) sobre IIBB, Sellos e Inmobiliario, más un subsidio estatal de un salario mínimo por cada nuevo empleo generado durante un año.
Un industrial con planta en el interior de Córdoba, que prefirió no ser identificado, declaró: “Nosotros nos quejábamos un poco internamente porque decíamos: ‘Che, la ley de promoción industrial anterior, las empresas no hacían el trámite como correspondía’. Y había empresas que pagaban Ingresos Brutos cuando no lo tenían que hacer. Justamente porque contablemente no todas las empresas están ahí metidas en cada tema para tratar de sacar el máximo rendimiento de las herramientas existentes”.
Agregó: “En esta ley de promoción actual podés ingresar por facturación: si facturás menos de $4.500 millones te toca la ley, la alícuota cero para la actividad industrial. Lo que tenés que hacer es cerrarla nueva todos los años, porque todos los años hay que ver si facturás el año anterior o si no entrás por un porcentaje, por el valor residual o por inversión”.
Para el empresario, “el resultado en esto es que seguramente todas las pymes que por ahí no están tan metidas en la cuestión administrativa van a poder acogerse a la ley de promoción industrial y no pagar la alícuota de Ingresos Brutos. Y las más chicas son las que más necesitan esto”.
Costo fiscal
El Plan de Reducción de Impuestos para el Presupuesto 2026 contempla un costo fiscal global superior a los 900.000 millones de pesos, que según estimaciones oficiales podría llegar al billón de pesos (unos 600 millones de dólares).
El ministro Acosta sostuvo que la reducción impositiva incrementa la competitividad, genera empleo y estimula el consumo, expandiendo la base imponible en el mediano plazo. El costo de ‘Alivio Cordobés’ y la tasa de ‘Córdoba Impulsa’ será absorbido en gran parte por los márgenes de Bancor. En el caso del ‘Ingresos Brutos Cero’ industrial, la pérdida de recaudación se compensa con la obligación de las pymes de reinvertir el 1,20% de sus ingresos en activos fijos locales.