La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani reclamaron la liberación de 87 millones de dólares en fondos de contraterrorismo, mientras el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el estado aún no ejecutó más de 300 millones.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reclamó la liberación de 87 millones de dólares en fondos de contraterrorismo que, según autoridades estatales, siguen sin llegar pese a una promesa previa del presidente Donald Trump. El planteo fue expuesto en una conferencia realizada el martes junto al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.
La discusión gira en torno a recursos federales destinados a tareas de contraterrorismo y seguridad interior. Según CBS New York, la administración estatal sostiene que el gobierno federal redujo el año pasado en un 86% esas partidas, lo que equivale a 187 millones de dólares. Tras las protestas de dirigentes demócratas y republicanos, Trump prometió el 3 de octubre de 2025 que restituiría todo el dinero. Sin embargo, Hochul aseguró que todavía faltan 87 millones de dólares.
Durante su exposición, Hochul afirmó que la demora impacta en áreas de prevención y respuesta, entre ellas analistas de inteligencia de la Policía de Nueva York, efectivos de bomberos, miembros de la Guardia Nacional, escuadrones antibombas y departamentos policiales de distintas zonas del estado. En declaraciones recogidas por CBS New York, la gobernadora sostuvo que el presidente está “desfinanciando a la policía” al no enviar esos recursos. También vinculó el reclamo con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y afirmó que, si la Casa Blanca no libera los fondos, estaría traicionando a las familias de las víctimas, a los agentes de seguridad y a los bomberos.
En la misma conferencia, el alcalde Mamdani aseguró que Nueva York sigue enfrentando un escenario de amenazas complejo por el peso simbólico, económico y político de la ciudad. Remarcó que el distrito ha avanzado en seguridad en los últimos 25 años, pero señaló que ese proceso exige mantener la inversión en prevención, inteligencia y preparación ante emergencias. Consideró inaceptable que el gobierno federal no haya enviado una partida que, a su entender, ya había sido comprometida.
La senadora Kirsten Gillibrand cuestionó el recorte en un comunicado. Afirmó que el presidente está utilizando a los neoyorquinos como “peones políticos” y remarcó que, a medida que se acerca el 25° aniversario del 11-S, reducir fondos para fuerzas de seguridad y operaciones de contraterrorismo resulta especialmente delicado.
La respuesta de la administración federal llegó a través del Departamento de Seguridad Nacional. Un portavoz de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aseguró a CBS New York que el estado de Nueva York conserva más de 300 millones de dólares en fondos federales de seguridad interior sin ejecutar. Desde esa posición, el organismo acusó a Hochul de construir una crisis artificial para cuestionar al presidente. La misma fuente sostuvo que durante más de dos décadas el estado recibió montos elevados de financiamiento federal e incluso partidas por encima de fórmulas basadas en niveles de riesgo. Con ese argumento, la dependencia planteó que antes de reclamar más dinero, las autoridades estatales y municipales deberían explicar por qué todavía no utilizaron recursos ya asignados.
Mientras esa discusión avanzaba, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, encabezó otra conferencia para destacar un operativo de un mes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado. Allí informó que hubo más de 2.100 arrestos por delitos que incluyeron homicidio y violación, y remarcó que la operación se realizó sin apoyo de Nueva York.
Ese cruce quedó enlazado con otra tensión entre la administración estatal y Washington. La semana pasada entró plenamente en vigor una ley que impide a las policías locales firmar acuerdos para aplicar controles federales de inmigración en materia civil. Quince sheriffs de condados demandaron al estado para impugnarla. Consultada sobre casos de migrantes con antecedentes por conducir alcoholizados, Hochul evitó responder con un sí o un no y afirmó que las decisiones deben evaluarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso.