El 22 de agosto se cumplieron 30 años de la reforma constitucional de 1994, realizada en Santa Fe y Paraná. Un análisis de su aplicación actual en Argentina revela discrepancias entre los objetivos pactados y la práctica institucional.
El 22 de agosto pasado se cumplieron 30 años de la reforma constitucional de 1994, llevada a cabo en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Dicha reforma fue el resultado de un acuerdo entre las dos fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria en ese momento, conocido como Pacto de Olivos, e introdujo modificaciones al sistema político establecido en la Constitución histórica.
Uno de los objetivos centrales de la reforma fue “atenuar las facultades presidenciales”, según consta en el núcleo de coincidencias básicas del mencionado pacto. Sin embargo, un análisis de la situación institucional actual indica que dicho objetivo no se habría cumplido, dado que el Poder Ejecutivo concentra funciones en detrimento de los otros poderes del Estado, según señala un análisis académico.
El uso de instrumentos como decretos de necesidad y urgencia, delegación de facultades legislativas y vetos parciales o totales a leyes del Congreso, se ha vuelto habitual, sin que se expliciten las razones de excepcionalidad que la Constitución exige para su aplicación. Esta práctica desplazaría la actividad legislativa al Ejecutivo, en contradicción con las normas constitucionales y los principios republicanos, según el mismo análisis.
El texto también menciona que la actuación de parlamentarios de distintas fuerzas políticas habría limitado la autonomía del Legislativo, que en varias ocasiones habría acompañado las iniciativas presidenciales sin ejercer controles plenos.
Frente a este panorama, se plantea la necesidad de un debate sobre la forma de gobierno, con el objetivo de reformular el presidencialismo para evitar desbordes funcionales, o evaluar la adopción de otros sistemas probados en otras comunidades. Se sostiene que la superación de esta situación no depende solo de un cambio de gobierno, sino de la decisión social de acatar el orden jurídico vigente o ratificado.
El análisis concluye con una reflexión sobre la importancia del trabajo intelectual y la vigencia de una frase de Albert Camus acerca de la desvalorización de la inteligencia en favor de las filosofías del instinto.