Una nueva legislación rusa habilita la imposición de restricciones económicas, administrativas y civiles a ciudadanos rusos residentes en el extranjero, según informó la relatora especial de la ONU, Mariana Katzarova.
Ginebra — La relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Mariana Katzarova, informó que una nueva ley rusa permitirá imponer restricciones económicas, administrativas y civiles a ciudadanos rusos que viven fuera del país, incluyendo a críticos del gobierno y voces contrarias a la guerra.
Según Katzarova, la medida contempla la congelación de bienes, la imposibilidad de renovar pasaportes y el bloqueo de acceso a servicios bancarios, entre otras acciones, para aquellos incluidos en una lista oficial.
La relatora, de nacionalidad búlgara, advirtió que la norma podría hacer insostenible la vida de los afectados en el exterior. El documento que recoge sus declaraciones describe las consecuencias como una forma de “muerte cívica” para las personas incluidas.
La legislación establece “medidas restrictivas temporales” para ciudadanos rusos que, según las autoridades, estén eludiendo el cumplimiento de una sanción. El Ministerio de Justicia mantendrá una lista pública de rusos en el extranjero con condenas penales pendientes o sancionados por infracciones administrativas.
Las restricciones abarcan 14 categorías, incluyendo la congelación de fondos y propiedades, la suspensión de licencias, la anulación de firmas electrónicas, la pérdida de acceso a servicios digitales del Estado, y medidas que afectan servicios consulares como la expedición de pasaportes, el registro de matrimonio, la conducción de vehículos, operaciones inmobiliarias y acceso a créditos o servicios bancarios remotos.
Katzarova señaló que, aunque las autoridades presentan la ley como un mecanismo para garantizar “la inevitabilidad del castigo”, su aplicación no se limita a condenas penales, sino que también puede activarse por infracciones administrativas que consideró “políticamente motivadas”, como las relacionadas con las normas sobre “agentes extranjeros”, “organizaciones indeseables” y la censura vinculada con la guerra, incluyendo disposiciones contra la “desacreditación de las fuerzas armadas” y las denominadas “noticias falsas sobre el ejército”.
La relatora afirmó que los tribunales rusos han utilizado estas disposiciones desde 2022 para sancionar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contra la guerra. Recordó que Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, se refirió a las personas afectadas como “extremistas” y “traidores a la patria”.
Katzarova expresó preocupación por la falta de garantías en el procedimiento, ya que ningún tribunal decide quién es incluido en la lista y la persona afectada no es notificada ni escuchada. Además, aunque las restricciones son calificadas como “temporales”, la legislación no establece un límite de tiempo para su aplicación.
En la práctica, la legislación supone un castigo dirigido contra críticos del gobierno y voces contrarias a la guerra, diseñado para hacer insostenible su vida fuera de Rusia. Las personas afectadas conservarían las obligaciones derivadas de la ciudadanía, pero perderían parte de los derechos y servicios asociados, quedando en una situación que describió como “apátrida de facto”.
La experta pidió a las autoridades rusas derogar la nueva legislación y anular condenas dictadas en ausencia en casos políticamente motivados. También recomendó a otros Estados considerar la ley como una forma de represión transnacional y garantizar que los ciudadanos rusos en riesgo puedan obtener y renovar documentos de identidad y viaje, regularizar su residencia y conservar acceso al empleo y servicios bancarios.
Finalmente, solicitó que estas personas no sean devueltas por la fuerza a Rusia y que otros Estados no den efecto jurídico a las designaciones realizadas al amparo de la nueva legislación. Concluyó que la protección plena de los críticos del gobierno, defensores de derechos humanos y voces contra la guerra en el exilio es fundamental para la supervivencia de la sociedad civil rusa.