La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Bolívar, anunció una vigilancia especial al proyecto de creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P., que se debate en el Concejo de Cartagena.
La Procuraduría General de la Nación informó, mediante un comunicado, que la Procuraduría Regional de Bolívar llevará a cabo una “vigilancia especial” a la posible creación de la nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P., que tendría participación del sector privado. El tema se discute actualmente en el Concejo de Cartagena.
La decisión se adoptó en cumplimiento de directrices de la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, ante advertencias realizadas por el Ministerio Público a las autoridades de la ciudad por la eventual implementación de un nuevo modelo para la gerencia de los servicios básicos.
La Procuraduría busca garantizar la adecuada prestación de los servicios de agua, aseo y alcantarillado a los ciudadanos. Las acciones de vigilancia tendrán como objetivo evitar que la prestación de los servicios se interrumpa o que su calidad, eficacia y sostenibilidad se vean afectadas.
Ante la plenaria del Concejo de Cartagena, el organismo de control señaló que es necesario conocer las razones técnicas, jurídicas, financieras, patrimoniales y ambientales del nuevo modelo. También indicó que se debe tener claridad sobre la gestión del riesgo establecida para la implementación del esquema. De esta manera, espera contar con la información suficiente para determinar si ese nuevo modelo es “la mejor opción para la ciudad”.
Otro punto que genera dudas en el Ministerio Público es el cobro que se verá reflejado en los recibos de servicios públicos de la población. Recordó que la institucionalidad tiene el deber de proteger los derechos colectivos y ciudadanos y garantizar que los recursos públicos sean administrados de manera adecuada.
“Le genera alta preocupación el impacto que en el precio de las tarifas pueda tener la gerencia que se pretende crear, razón por la que solicitó información sobre cómo se va a garantizar a los ciudadanos las quejas y reclamos, la facturación, el recaudo y la atención de emergencias durante cualquier eventual transición institucional”, precisó.
El proyecto bajo vigilancia
De acuerdo con el proyecto que se discute en el Concejo de Cartagena, la empresa pertenecerá al sector descentralizado por servicios del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y estará vinculada a la Secretaría General de la ciudad.
El objeto de la empresa será la prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y también se contempla la prestación de servicios de aseo, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía, en los términos definidos en la ley.
“La empresa tendrá dentro de su objeto el diseño, planeación, la construcción, supervisión, expansión, mantenimiento, administración, prestación, entrega y operación de los servicios públicos en el territorio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y fuera de él; ya sean servicios públicos domiciliarios esenciales, inherentes a estos, o sus actividades complementarias y conexas”, añade el proyecto.
El patrimonio de la empresa estará constituido por los ingresos provenientes de las tarifas y demás cobros, las tasas, contribuciones, privilegios, concesiones, garantías y exenciones que sean decretados, excepto las contribuciones del Fondo de Solidaridad y de Redistribución de Ingresos, los bienes, derechos y transferencias que el Distrito le otorgue, las utilidades o excedentes netos acumulados que la junta directiva decida capitalizar y los bienes que la empresa adquiera.
La propuesta también incluye el monto que el Distrito destinaría para conformar el patrimonio inicial de la empresa.
“Autorícese al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para el aporte de recursos destinados a la conformación del patrimonio inicial de la entidad hasta por la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000 COP). Esta autorización incluye la facultad para la realización de los gastos, inversiones y/o constitución del aporte a la nueva empresa que se requieran de conformidad con las normas presupuestales. La presente autorización se confiere hasta por el término de un (01) año”, añade el proyecto.