Sindicatos, partidos opositores y movimientos sociales se concentran frente al Congreso Nacional en rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en paralelo al debate previsto en el Senado.
Con el Congreso vallado, el tránsito vehicular cortado en sus inmediaciones y lluvia persistente, se desarrolla una marcha convocada por sindicatos, partidos opositores y movimientos sociales contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La concentración cuenta con la participación de agrupaciones de izquierda y kirchneristas.
Minutos antes de las 12, el sindicato Agoec, de la empresa Ceamse, encabezó la manifestación con bombos y pirotecnia frente a las vallas del Congreso. Posteriormente, la mayoría de los militantes de ese gremio se retiró en cinco micros.
En el enrejado del Monumento a Los Dos Congresos se observan banderas de agrupaciones como Partido Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Kolina, y de sindicatos de la alimentación y televisión.
Los vallados impiden la circulación de peatones en calles como Rivadavia, Combate de los Pozos y Entre Ríos. Alrededor de la plaza hay semáforos fuera de servicio y acumulación de agua por la tormenta.
La CGT, junto a las dos vertientes de la CTA y la UTEP, confirmó la marcha de hoy y la prevista para mañana por el Día de San Cayetano. La convocatoria de hoy se realizó tras la decisión del oficialismo de eliminar del temario de la sesión del Senado el capítulo que elevaba del 15% al 25% el límite para la compra de tierras por extranjeros.
El peronismo y La Cámpora, conducida por el diputado Máximo Kirchner, se sumaron a la protesta bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, el agua y la tierra también”.
Jorge Sola, secretario general de la CGT, expresó “enorme preocupación respecto de lo que se va a discutir” en el Senado y sostuvo que el proyecto “subordina el territorio al mercado financiero”. Añadió: “No es discutir propiedad privada sí o no; es el tipo de propiedad, para quién y con qué límite democrático”.
Por su parte, Godoy afirmó que la iniciativa “es un proyecto de ley de extranjería y coloniaje”, y señaló que la norma “deroga ocho leyes, una de ellas la que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria”. Dijo que los senadores deben “evitar que se trate [el proyecto] o rechazarlo”.