Empresarios y economistas proponen utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para financiar proyectos de infraestructura y créditos hipotecarios, en un contexto de crecimiento del fondo y caída de su participación en la economía real.
La reactivación económica en Argentina muestra un crecimiento desigual entre sectores. Mientras la energía, la minería y el agro concentran las inversiones privadas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la construcción y otros sectores orientados al mercado interno enfrentan una falta de financiamiento de largo plazo. En este escenario, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el mayor inversor institucional del país, ha sido propuesto como fuente de recursos para revertir esa situación.
Durante el último congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el economista y exsecretario de Finanzas Miguel Kiguel sostuvo que “hay que pensar en el FGS, que tiene plata y es una pena que hoy no haga nada, se la pasa mirando”. Kiguel afirmó que el Gobierno “sabe que está pero por ahora no tiene la voluntad de usarlo” y atribuyó esa reticencia a que en el oficialismo “creen que el Estado no tiene que estar presente” en el mercado de crédito.
El interés del sector privado se fundamenta en que la banca comercial local no tiene la capacidad de absorber el riesgo de obras de infraestructura a gran escala debido a límites normativos y descalce de plazos. El FGS, en cambio, cuenta con un horizonte temporal adecuado para estructurar el financiamiento mediante fideicomisos financieros u obligaciones negociables (ON).
Desde la banca privada, se considera que la estabilidad de los créditos hipotecarios indexados por UVA justifica la creación de instrumentos de inversión de largo plazo que podría captar el FGS. Fuentes del sector señalaron que esos instrumentos permitirían revitalizar el mercado hipotecario. En paralelo, desde compañías donde el Estado tiene participación accionaria a través del FGS, se indicó que los recursos líquidos del fondo deberían destinarse a proyectos de infraestructura en áreas como el desarrollo de redes de transporte para consorcios energéticos en hidrocarburos no convencionales.
Quienes defienden esta intervención recuerdan que el FGS ya financió grandes obras energéticas en el pasado, como la central nuclear Atucha 2 y las centrales térmicas Ensenada de Barragán, Brigadier López, Manuel Belgrano y Timbúes, además de proyectos viales e hídricos.
El exdirector del FGS, Santiago López Alfaro, afirmó que “el FGS puede perfectamente comprar instrumentos securitizados de créditos hipotecarios con oferta pública y calificación”. Según operadores del mercado de capitales, la adquisición de paquetes de créditos hipotecarios securitizados no afectaría la liquidez del fondo, cuyo patrimonio ronda los USD 75.000 millones, y aportaría retornos reales sustentables.
La posibilidad de utilizar estos recursos se enmarca en la discusión sobre la intangibilidad del FGS. La Ley Bases original pretendía autorizar al Poder Ejecutivo a liquidar activos del fondo para transferirlos al Tesoro Nacional, pero la medida encontró resistencia de gobernadores y bloques opositores, que advirtieron que desfinanciaría el sistema jubilatorio. El oficialismo eliminó ese capítulo para destrabar el proyecto en el Congreso. Así, sigue vigente la Ley 27.574 de 2020, que exige el aval de dos tercios de ambas cámaras para vender acciones del fondo.
Según datos oficiales de la ANSES, entre diciembre de 2023 y abril de 2026 el FGS pasó de $40.084.317 millones a $113.295.211 millones en términos nominales, y de USD 41.184 millones a USD 75.492 millones, una valorización real del 83,3%. Sin embargo, la exposición al riesgo soberano aumentó: los Títulos Públicos Nacionales pasaron del 71,0% al 78,1% del portafolio, con una concentración en Bonos indexados por CER (58,2% de la tenencia de títulos).
En contraste, los Créditos ANSES para beneficiarios del sistema previsional cayeron del 3,4% al 0,3% del fondo, y los Proyectos Productivos y de Infraestructura redujeron su participación del 6,4% al 3,6%.
En la cartera de renta variable, la tenencia de acciones de empresas privadas se mantuvo estable en torno al 13,9% del portafolio total. En diciembre de 2023, el fondo detallaba sus posiciones en empresas como Ternium, Pampa Energía, Camuzzi Gas, Banco Macro y San Miguel. Para abril de 2026, la ANSES cambió la modalidad de reporte y agrupó las tenencias por ramas de actividad: Energía concentra el 44,6%, Servicios Financieros el 33,8%, Siderurgia el 6,8%, Telecomunicaciones el 6,6%, Alimentos el 3,1% y Bienes Raíces y Construcción el 5,1%.