Las autoridades judiciales de El Salvador remitieron a juicio a tres ciudadanos extranjeros capturados el 11 de julio de 2025 por el presunto tráfico de una carga de cocaína valorada en USD 33 millones.
Las autoridades judiciales de El Salvador remitieron a juicio a tres ciudadanos extranjeros capturados el 11 de julio de 2025 por el presunto tráfico de una carga de cocaína valorada en USD 33 millones. Uno de los acusados, al comparecer ante la Justicia, escuchó la imputación cuando la jueza uno del Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador notificó: “Se les acusa del delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública”.
Las investigaciones señalan que Rubén D. A. e Hipólito P. M., ambos de nacionalidad ecuatoriana, junto a Nolberto V. A., ciudadano colombiano, fueron detenidos mientras navegaban a 600 millas náuticas (1.111 kilómetros) de la costa salvadoreña durante un patrullaje de la Marina Nacional.
Al abordar la embarcación, los agentes incautaron 1.326 kilogramos de sustancia que, tras las pericias, arrojó resultado positivo a cocaína, conforme consta en el expediente de la causa.
“La droga incautada tiene un valor estimado de USD 33 millones”, se indicó en la audiencia, donde fiscales y defensores debatieron la procedencia y destino del alijo.
El 20 de julio de 2025 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó a través de sus redes sociales que la Marina Nacional salvadoreña interceptó una embarcación de bajo perfil (LPV) a 600 millas náuticas (1,111 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo del Estero de Jaltepeque.
“A bordo iban tres narcotraficantes, dos ecuatorianos y un colombiano. Transportaban 1.3 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $33 millones de dólares. Con esta operación, ya suman 35.8 toneladas de droga incautadas entre 2024 y lo que va del año. Un golpe económico al crimen organizado de alrededor de $897.3 millones de dólares”, señaló el mandatario.
“Este cargamento pretendía alimentar las redes del crimen organizado, pero no llegará a su destino gracias a la valentía y profesionalismo de nuestra fuerza naval”, dijo al día siguiente en conferencia de prensa, el fiscal de la República, Rodolfo Delgado Montes.
Tras esto, el 29 de julio de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó solicitud de imposición de medidas en contra de los tres ciudadanos extranjeros. “La Fiscalía cuenta con prueba suficiente que vincula a los acusados con la actividad delictiva y ha solicitado al Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador que imponga medidas de detención mientras continúa el proceso judicial”, estableció entonces la institución.
Las normas salvadoreñas sobre drogas establecen penas de 10 a 15 años de prisión para quienes participen en el tráfico ilícito —incluyendo adquirir, exportar, importar, transportar, distribuir o vender estupefacientes— conforme especifica la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Esta regulación abarca desde el cultivo hasta la comercialización y sanciona todas las conductas ilícitas vinculadas a estos productos.
La legislación establece que, aunque la posesión de menos de 2 gramos implica penas de uno a tres años de cárcel, portar a partir de 2 gramos puede conllevar hasta seis años. Si se comprueba intención de tráfico, la condena asciende a un máximo de 10 años. Incluso cantidades consideradas mínimas para consumo personal pueden ser penalizadas, ya que en El Salvador la norma es rigurosa respecto a la tenencia sin permiso.