El oficialismo intentará este martes obtener los ocho votos necesarios para que el diputado Sebastián Pareja presida la comisión de inteligencia, en una votación que rompe el acuerdo previo con el PRO.
En una jornada clave para el Congreso, el oficialismo buscará este martes quedarse con el control total de la comisión que supervisa a los servicios de inteligencia. Bajo la supervisión de Karina Milei, La Libertad Avanza intentará conseguir los ocho votos necesarios para imponer al diputado Sebastián Pareja al frente de esta mesa estratégica, lo que implica romper un acuerdo previo con el PRO y genera tensiones en el frente legislativo.
La votación está prevista para las 17:30 en la Cámara de Diputados, donde se distribuirán las 14 sillas: cinco para los libertarios, tres para el peronismo, dos para el macrismo y las restantes para el radicalismo y otros bloques. Quien obtenga la presidencia tendrá facultades para auditar las actividades de la SIDE y fiscalizar el destino de los fondos reservados.
El conflicto surgió porque el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, ya había prometido ese lugar a Cristian Ritondo. Sin embargo, la hermana del Presidente frenó esa designación y exigió que el puesto sea para alguien de su confianza. Esta situación provocó malestar en el jefe de la bancada del PRO, en un contexto de relación cada vez más tensa con la Casa Rosada.
Este cambio de última hora refleja las diferencias internas en el oficialismo. Karina Milei impulsa a su propio candidato para equilibrar fuerzas con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien actualmente maneja la central de inteligencia y controla su presupuesto. Llegar a esta instancia con los votos inciertos representa un riesgo, ya que el oficialismo ya sufrió reveses por divisiones internas que permitieron a la oposición unirse y entregar la conducción de esta comisión al radical Martín Lousteau.
La disputa por el control de la comisión de inteligencia no será el único punto de conflicto en el Congreso. Durante la misma tarde, el Senado definirá las autoridades de otras comisiones relevantes, como la que revisa la validez de los decretos presidenciales (DNU) y la que controla a las fuerzas de seguridad interior. El Gobierno es consciente de que cada designación requiere arduas negociaciones, y los antecedentes no son favorables. El año pasado, los libertarios intentaron que una diputada propia liderara la comisión de derechos de los niños, pero una alianza entre peronistas y radicales los dejó fuera, colocando en ese cargo a la legisladora jujeña Natalia Sarapura. Ese episodio aún genera consecuencias, ya que el oficialismo, tras perder esa votación, decidió bloquear el nombramiento de la nueva defensora, lo que mantiene trabado el proceso y amenaza con retrasar otras designaciones clave en el Congreso.