La Fundación Cígesar, organización no gubernamental dedicada a la salud sexual y reproductiva, reconoció su participación en los procedimientos realizados en la Clínica Santa María de Villa Ballester, en el marco de una causa judicial que investiga el hallazgo de ocho fetos en el lugar.
La causa judicial que se abrió tras el hallazgo de ocho fetos en una clínica privada de Villa Ballester sumó en las últimas horas un actor central: la Fundación Cígesar, una organización no gubernamental dedicada a la salud sexual y (no) reproductiva que reconoció haber intervenido en los procedimientos realizados en ese establecimiento del partido de San Martín.
La mención de la ONG aparece tanto en el expediente como en los comunicados difundidos por la propia clínica y por la fundación, en un caso que continúa bajo investigación y que involucra múltiples aristas sanitarias y judiciales.
El episodio se originó a partir del seguimiento de una denuncia por abuso sexual contra una menor en Santiago del Estero, a más de 1100 kilómetros de la clínica. En ese contexto, la Justicia pidió localizar a la niña y a su madre, quienes finalmente fueron halladas en la Clínica Santa María, de Villa Ballester. Durante un posterior allanamiento, los investigadores encontraron restos biológicos humanos en un depósito de residuos del centro de salud.
Según su presentación institucional, la Fundación Cígesar se define como una organización orientada al “abordaje integral de la salud sexual y (no) reproductiva”, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud y el ejercicio de derechos vinculados con la maternidad, la anticoncepción y la prevención de infecciones de transmisión sexual.
Desde la Clínica Santa María indicaron que la fundación contrató exclusivamente la infraestructura del establecimiento, como quirófano e internación, y que los procedimientos se llevaron adelante con personal médico y paramédico propio de la ONG. La Fundación Cígesar difundió un comunicado donde sostuvo que existe un convenio para “alquilar las instalaciones” cuando se requiere ese tipo de prestaciones.
En ese texto, la organización afirmó que “todas las prácticas realizadas se llevan adelante dentro del marco legal vigente, cumpliendo con la normativa aplicable y los protocolos sanitarios correspondientes”. También señaló que las intervenciones se efectuaron “con las autorizaciones correspondientes”, en referencia a avales judiciales.
De acuerdo con información de fuentes sanitarias, la intervención de la ONG en el caso de la menor se inició tres o cuatro semanas antes del allanamiento. En una localidad rural de Santiago del Estero, la madre de la niña —menor de 13 años— se acercó a integrantes de la fundación tras advertir cambios en el cuerpo de su hija. Tras una evaluación médica, se confirmó una gestación avanzada.
En el marco de la causa por abuso sexual, se resolvió avanzar en una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con aval judicial. Dado el tiempo de gestación, la Fundación Cígesar dispuso el traslado de la niña y su madre a la provincia de Buenos Aires para realizar el procedimiento en la clínica de Villa Ballester. Luego de la intervención, la menor regresó a Santiago del Estero.
El hallazgo de otros siete fetos abrió un interrogante adicional. Fuentes vinculadas a la ONG explicaron que, cuando la fundación alquila un quirófano, suele hacerlo para realizar más de un procedimiento de ILE, especialmente cuando se trata de pacientes del interior del país. Además del caso de la niña santiagueña, se habrían realizado otros siete procedimientos, cada uno con su respectivo aval judicial.
Ahora, uno de los ejes centrales será establecer mediante estudios de ADN cuál de los fetos corresponde al embarazo de la menor y cuál es el período de gestación de los demás restos hallados. También se busca reconstruir la trazabilidad de cada procedimiento.