El estado de Arizona presentó una demanda contra el gobierno federal para impedir la construcción de un centro de detención migratoria en la ciudad de Surprise, alegando falta de consulta local y riesgos ambientales.
El estado de Arizona inició una demanda contra autoridades federales para impedir la instalación de un centro de detención migratoria en la ciudad de Surprise. La acción fue presentada por la fiscal general Kris Mayes contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El ICE contempla transformar un almacén industrial en una instalación con capacidad para alojar entre 500 y 1500 inmigrantes. Según la presentación judicial, la decisión se tomó sin consulta previa a autoridades locales ni a residentes.
“La administración Trump ha pisoteado la ley federal en su afán por expandir la capacidad de detención en todo EE.UU.”, dijo la fiscal general Mayes en un comunicado. “El gobierno federal no consultó. Simplemente compraron un almacén, adjudicaron un contrato de 300 millones de dólares a una empresa privada y le dijeron a la ciudad que se las arreglara”, señaló.
Uno de los ejes del reclamo de Mayes apuntó a la ausencia de estudios exigidos por la legislación ambiental federal. La presentación indicó que no se elaboraron informes de impacto ni evaluaciones previas antes de iniciar el proyecto. De acuerdo con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), el gobierno federal tiene la obligación de cumplir al menos con una de las siguientes acciones antes de proceder con un proyecto: en el presente caso, según Mayes, los demandados no realizaron ninguna de estas acciones.
También argumentó que la normativa migratoria requiere que los centros de detención se ubiquen en espacios aptos, condición que, según sostuvo en la demanda, tampoco se cumple. Además, planteó que la decisión fue adoptada sin analizar alternativas disponibles, como el uso de instalaciones ya existentes.
“La administración Trump no está exenta de cumplir la ley; ubicar una instalación de este tipo en esta zona es imprudente y peligroso”, aseguró la fiscal general. “Mi oficina no permanecerá impasible mientras el gobierno federal pone en riesgo a esta comunidad”, señaló.
El edificio seleccionado se encuentra en una zona industrial, frente a una planta que almacena grandes volúmenes de sustancias químicas. Este factor fue señalado como un riesgo para las personas que serían alojadas en el lugar. La demanda advirtió que, ante un incidente como un derrame o incendio, los detenidos no tendrían posibilidad de evacuar por sus propios medios debido a su condición de custodia. También mencionó que la presencia de vehículos de transporte de químicos podría afectar la respuesta ante emergencias, al interferir con el acceso a infraestructura como hidrantes.
El inmueble fue diseñado como centro de distribución y no como espacio residencial. Según el planteo judicial, no cuenta con sistemas adecuados de agua potable ni de tratamiento de residuos para albergar a una población numerosa. La falta de instalaciones sanitarias suficientes podría afectar condiciones de higiene y salud. Asimismo, se cuestionó la capacidad del edificio para mantener niveles adecuados de ventilación y temperatura.
El almacén se ubica a menos de 1,5 kilómetros de dos instituciones educativas. Esta proximidad generó inquietud en la comunidad escolar. Estudiantes manifestaron temor ante la presencia de agentes migratorios en las inmediaciones. Algunos indicaron que modificaron su modalidad de estudio para evitar transitar por la zona.
“Todos tenemos el deber cívico de proteger a los jóvenes y a los estudiantes. Creo que estas instalaciones no se acercarán ni remotamente a ser un lugar seguro”, indicó Cali Overs, estudiante de último año y vicepresidenta del consejo estudiantil de la preparatoria Dysart, a Fox 10. El representante estudiantil también impulsó una propuesta de establecer un perímetro de seguridad de cuatro kilómetros alrededor de escuelas para restringir este tipo de instalaciones. “No creo que esto sea un asunto partidista; se trata de la seguridad de los estudiantes. Espero que hagan algo al respecto y que los protejan”, agregó.
La demanda solicitó que la justicia declare ilegal la decisión de avanzar con el proyecto en Surprise. También pidió la anulación de la medida administrativa que autorizó la reconversión del edificio. Además, se requirió una orden que impida cualquier obra o actividad vinculada al funcionamiento del centro en ese lugar. El planteo incluye la posibilidad de adoptar medidas adicionales que el tribunal considere pertinentes para proteger a la comunidad. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para exigir responsabilidades al gobierno federal y proteger la salud y la seguridad de esta comunidad”, dijo Mayes.