Tras una ola de amenazas de tiroteo y bomba en escuelas, las autoridades judiciales evalúan aplicar el Código Civil para que los responsables asuman los costos policiales.
MAR DEL PLATA.- Una serie de amenazas de violencia, principalmente escritas en baños y puertas de escuelas, mantiene en alerta a instituciones educativas de esta ciudad. Los mensajes, que mencionan la palabra “tiroteo” y fechas específicas, comenzaron a mitad de semana en un colegio privado y se extendieron rápidamente. Hasta este viernes, se habían reportado unos 30 establecimientos afectados, tanto de gestión pública como privada.
Frente a esta situación, la Justicia analiza un camino novedoso: hacer que los padres de los alumnos responsables de las amenazas paguen los gastos de los operativos policiales y de seguridad que se despliegan. El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de la investigación inicial, confirmó que se evalúa recurrir al artículo 1754 del Código Civil, que permite reclamar a los padres por los costos derivados de los actos de sus hijos.
“Estamos analizando dar curso a la Fiscalía de Estado provincial con relación a esta gestión extra de gastos que tiene que hacer la policía, con miras a que sean pagados por los padres de los alumnos responsables”, explicó el fiscal.
Los hechos se enmarcan en el delito de intimidación pública, que prevé penas de hasta seis años de prisión. Sin embargo, los sospechosos identificados hasta ahora son menores de edad e inimputables. En un caso, se individualizó a un joven de 17 años.
La metodología de las amenazas también incluyó, por primera vez, avisos de bomba, lo que derivó en el desalojo de al menos una escuela técnica del centro de la ciudad. Personal policial especializado verificó que no había artefactos explosivos.
Ante el crecimiento de los reportes, que se triplicaron en menos de 24 horas, se implementó un esquema de presencia policial reforzada cerca de los colegios afectados y se adecuaron los canales para recepción de denuncias.
Desde la Junta Regional de Educación Católica (Jurec), que agrupa a escuelas privadas con formación religiosa, emitieron un comunicado instando a la “supervisión adulta de las redes sociales” y al “uso responsable” de las mismas. Además, priorizaron protocolos de cuidado estudiantil y abordaje educativo.
Este clima de tensión se da en el contexto de lo ocurrido semanas atrás en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un alumno disparó contra sus compañeros.