Tras la renovación post electoral del oficialismo, la Casa Rosada pasó una prueba difícil al aprobar con holgura en el Senado un proyecto no exento de resistencias. Llevar la discusión a los ejes accesorios, una estrategia que rindió frutos.
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Media sanción a la reforma laboral: el oficialismo celebra y la oposición redobla las críticas
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Con apoyo de radicales y gobernadores aliados, el Gobierno aprobó la reforma laboral en el Senado
Patricia Bullrich durante la sesión de reforma laboral en el Senado.
La nueva mesa política del Gobierno debutó con éxito en el Senado y le dio a Javier Milei un empujón clave para acercarse a su objetivo de avanzar con reformas estructurales en el segundo tramo de su gestión. La ley de modernización laboral sorteó sin sobresaltos el trámite parlamentario en la Cámara alta y llegará a Diputados con viento a favor. Para lograrlo, La Libertad Avanza desactivó artículos accesorios que generaban reparos en las provincias, la CGT y sectores empresarios, y sostuvo el núcleo duro del proyecto: los apartados que, de sancionarse la ley, redefinirán el mundo del trabajo.
Patricia Bullrich, jefa de bloque oficialista, y Diego Santilli, ministro del Interior, superaron su primera prueba de fuego y llevaron a buen puerto las negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores. Fue el primer test político de peso tras la reconfiguración del oficialismo, que había tenido un ensayo previo con el Presupuesto aprobado en diciembre, pero que enfrentaba ahora su primer desafío fuerte de 2026 con una iniciativa resistida por la oposición. El antecedente inmediato era una alarma: en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, un intento de reforma laboral naufragó entre protestas sindicales y violencia en las calles.
Esta vez, el Gobierno se apoyó en sondeos propios que señalaban mayor consenso social para avanzar con cambios laborales. El estancamiento del empleo registrado, convertido en problema estructural, fue el argumento central para justificar la reforma. Con ese diagnóstico, la estrategia oficial consistió en blindar el corazón del proyecto y sembrar en el texto artículos negociables que funcionaran como moneda de cambio durante el debate.
Así, la Casa Rosada impuso los términos del diálogo: exhibió con énfasis propuestas que luego podía retirar sin afectar el eje de la iniciativa. El ejemplo más claro fue el apartado fiscal, que había encendido alarmas entre los gobernadores por la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias a sociedades, un tributo coparticipable. Los mandatarios provinciales eran claves para garantizar votos en el recinto. “Si no sacábamos Ganancias, solo votaban los senadores de LLA”, admitía en los pasillos del Congreso una fuente oficial cerca de la votación.
La calma fuera del Palacio Legislativo dependía de los gremios, que se movilizaron pero no optaron por el paro. La principal preocupación sindical era preservar la recaudación de la cuota solidaria, columna vertebral del financiamiento de las estructuras gremiales. El texto original imponía trabas que amenazaban esa caja. Ya entrada la noche, tras un primer gesto hacia la CGT —mantener a las empresas como agentes de retención—, el Gobierno terminó de sellar el entendimiento al conservar la obligatoriedad de esos aportes.
JAVIER MILEI KARINA MILEI DIEGO SANTILLI Y MANUEL ADORNI
Santilli se metió en la mesa de negociación política en el Congreso por su rol de articulación con los gobernadores.
Presidente
En paralelo, los actores económicos también jugaron su partido. Los bancos presionaron para conservar la exclusividad como agentes de pago de salarios, mientras que cámaras empresarias manifestaron inquietud por cambios que afectaban aportes sectoriales.
Hacia esos puntos se orientó la negociación previa y la discusión palaciega durante el extenso debate. Muchos de los artículos originales habían sido concebidos como piezas fungibles de hacer falta. Bullrich y Santilli afinaron el lápiz sobre esos aspectos accesorios y lograron contener sin grandes costos los reclamos de gobernadores, sindicatos, bancos y cámaras empresarias. Incluso sectores colaterales, como el audiovisual, consiguieron prorrogar por dos años asignaciones específicas destinadas a organismos como el INCAA, una ventana temporal suficiente para rediscutir el esquema de financiamiento.
En contraste, el núcleo de la reforma quedó prácticamente intacto. Banco de horas, fraccionamiento de vacaciones, indemnizaciones acotadas, períodos de prueba más extensos, salarios en especies y nuevas modalidades contractuales —herramientas pensadas para incentivar la formalización del empleo— no encontraron resistencias significativas entre los aliados parlamentarios del oficialismo.
Con Milei siguiendo el debate desde Olivos, la renovación de espadas políticas dio resultados. Bullrich desplazó a Victoria Villarruel —reducida a su rol institucional— como principal negociadora dentro de la Cámara, mientras Santilli contuvo a los gobernadores en coordinación con Manuel Adorni. Luis “Toto” Caputo avaló los cambios fiscales surgidos de la negociación política, que además funcionarán como un reaseguro para las cuentas nacionales al evitar recortes en la recaudación.
El objetivo de máxima que no logró el oficialismo fue fracturar al PJ. El espacio Convicción Federal, parte del interbloque opositor, no se desmarcó en la votación —aunque sí deslizó matices en los discursos—. La Casa Rosada intentó seducir a mandatarios provinciales del PJ considerados dialoguistas, pero sus senadores optaron por rechazar el proyecto. Se sostuvieron los 28 contra el proyecto, a los que se sumaron los dos santacruceños que responden al mandatario Claudio Vidal.
La oposición mayoritaria, además, llegó al debate sin dictamen alternativo, una ausencia que el oficialismo aprovechó para imponer el ritmo y el contenido de la discusión, que ahora seguirá en Diputados, con final abierto pero con signos favorables para Milei.