Tras la resonante derrota sufrida en las elecciones de la Provincia y en medio de una crisis política que sacude al Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel formalizó la decisión del Senado de ratificar la ley de Emergencia en Discapacidad y el rechazo al veto presidencial.
La vicepresidenta envió este lunes la comunicación a Javier Milei sobre lo resuelto el jueves pasado por el Senado al derogar por amplía mayoría el veto presidencial, que ya había sido rechazado previamente por Diputados, siendo el primer veto libertario que no pasa el filtro del Congreso, una situación que no se daba desde el gobierno de Néstor Kirchner.
Ahora, Milei deberá decidir si cumple con su intención de judicializar la norma para impedir su aplicación, tal como había anunciado durante su discurso en Bolsa de Comercio. Lo cierto es que el plan de ir a la justicia se instaló luego de que el Senado convirtió en ley el proyecto.
Incluso, Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habían gestado un intento por cuestionar la legitimidad de la sesión de la Cámara Alta advirtiendo que no habían cumplido con las formalidades de la convocatoria a través de la vicepresidenta.
Vale recordar que en aquella sesión, el peronismo con la oposición ampliada juntaron el quórum y aprobaron la norma.
En un intento por frenar la ofensiva de la oposición desde el Congreso, el Gobierno había enviado un proyecto de ley para impedir que se sancionen nuevas leyes que afecten el equilibrio, pero obviamente es difícil que la iniciativa pueda avanzar, al menos en la actual composición de las cámaras
“Está claro que luego de la insistencia en la Cámara de Diputado y del Senado, la ley de Emergencia en Discapacidad es ley y hay que ponerla en marcha”, avisó este martes Daniel Arroyo (Unión por la Patria), presidente de la comisión de Discapacidad de l Cámara Baja.
Tras la comunicación de Villarruel, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá llevar adelante los trámites administrativos para compensar las partidas presupuestarias ya que el Gobierno no tiene presupuesto, utiliza el aprobado en 2023, y deberá girar las partidas desde otras áreas del Estado.
Acto seguido, la Agencia de Discapacidad (ANDIS) tendrá que comenzar a ejecutar la norma, que establece la emergencia hasta diciembre de 2026 con la opción de prorrogarla por un año más.
En rigor, el proyecto prevé una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción como así también ordena al Estado a saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas
De acuerdo a lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal total de estas medidas oscila entre $ 2,4 billones (0,28% del PBI) y $ 4,3 billones (0,51% del PBI).
Desde la Cámara Baja, Arroyo anunció ante la comisión de Discapacidad que se hará “un seguimiento para ver si se aplica la ley”.